AKTUALITATEA

| 2021-07-13 10:21:00

EH Bildu llevará al próximo pleno municipal una moción en la que reclamará que el Ayuntamiento de Gasteiz desarrolle una normativa abierta y ambiciosa que permita elegir el modo de teletrabajo al máximo número posible de personal municipal. «El objetivo pasa por dotarse de un sistema laboral público más avanzado, no basado exclusivamente en el trabajo presencial, que aporte flexibilidad y la posibilidad de adaptar la jornada laboral a las necesidades tanto del servicio como de las personas trabajadoras», ha señalado el concejal de EH Bildu Alberto Porras.

Asimismo, EH Bildu considera que dicha normativa debe contar con una «perspectiva de género e interseccional» para que responda a las necesidades reales de mujeres, hombres y colectivos con necesidades particulares. Para su elaboración, el concejal de EH Bildu ha reclamado que se cuente con el Departamento de Igualdad y se abra a las aportaciones de los colectivos feministas.

El concejal Alberto Porras ha destacado la necesidad de que esta nueva normativa sea participada. Por ello, EH Bildu solicitará que se incorpore la materia del teletrabajo de forma monográfica al Grupo de Estudios de Recursos Humanos ya existente, en el que además de las formaciones políticas participan también los sindicatos y donde, además, cabría la posibilidad, si así se aceptara, de invitar a grupos o colectivos expertos en la materia correspondiente.

En diferentes instituciones europeas la presencia del teletrabajo ronda el 21%. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está muy lejos de esas cifras. Según datos del propio Ayuntamiento tan sólo son un 5% (40 personas) los trabajadores y las trabajadoras que estuvieron en condiciones de escoger la modalidad de teletrabajo en la experiencia piloto que puso en marcha la institución tras la llegada de la pandemia. En total, supone un 1,2% del total del personal municipal.

Finalmente, mediante la moción se reclamará que la nueva normativa se desarrolle en dos fases, con una inicial en la que consiste en una evaluación continuada de los 6 meses de la experiencia piloto y, una segunda, para que se incorporen sus resultados a la nueva normativa.