AKTUALITATEA

| 2023-01-17 11:07:00

EH Bildu ha reclamado hoy en la comisión de sociedades públicas que se incluya la prohibición de contratar a STOA en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la CAV y en el ROLECE estatal. Hace una semana que se conoció la sentencia del caso “De Miguel”, una trama de corrupción vinculada a altos cargos del PNV y entre las que se encontraba STOA como empresa involucrada. Esta empresa, tiene como administrador único a Sergio Fernández Oleaga, quien ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel y a 3.586 euros de multa económica por falsedad documental y cohecho.

«Con esta sentencia, desde EH Bildu consideramos necesario pedir que a la mayor brevedad posible se prohiba la contratación con una empresa condenada por corrupción», ha señalado la concejala de EH Bildu Rocio Vitero quien ha recordado que AMVISA adjudicó dos contratos a STOA, cuando dicha empresa ya estaba siendo investigada por corrupción. Es más, el propio Ayuntamiento, durante dicho periodo ha tenido contratos con dicha empresa. «Desde EH Bildu pedimos que se paralizase la licitación hasta conocer la sentencia en firme. Sin embargo PNV y PSE, desestimaron la solicitud y dio vía libre al proceso de licitación. Ahora, con sentencia firme no hay lugar a dudas, este Ayuntamiento debe ser tajante frente a la corrupción».

Y es que, la prohibición para contratar es una fórmula administrativa para impedir que las Administraciones celebren contratos con empresarios/as que vulneren bienes jurídicos protegidos como la honorabilidad, la honradez, o la objetividad del cuerpo de trabajadores públicos sujetos a un régimen de incompatibilidades. La Ley de Contratos del Sector Público establece los supuestos de prohibición de contratar y regula la competencia, el procedimiento y los efectos de esta prohibición. Este caso los cumple.

Por tanto, «EH Bildu reclama que se proceda a prohibir esa contratación para evitar que quienes tienen unas prácticas que van en contra del interés público y que pretenden sacar unas beneficios ilegítimos con ello, no puedan contratar con ninguna administración y que el dinero que viene de las arcas públicas no caiga en sus manos», ha asegurado Vitero.