AKTUALITATEA

| 2020-05-26 13:17:00

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión. En este contexto, importantes organismos internacionales urgen a adoptar medidas específicas sobre las cárceles. Tal es el caso de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de Naciones Unidas, el Comité para la Prevención de la Tortura, así como la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, además de organismos y asociaciones de derechos humanos y solidaridad con personas presas del Estado. Todas ellas inciden en la necesidad de adoptar alternativas a la privación de libertad, incluida la excarcelación de personas presas, así como garantizar la atención médica adecuada a las necesidades específicas, sobre todo a grupos vulnerables o de riesgo: grupos de edad avanzada y grupos con patologías previas.

Constatamos igualmente que algunos estados europeos han adoptado, o están diseñando, medidas en este sentido. Estados con respecto de los cuales, el Estado español se encuentra entre los que tienen una tasa global de población reclusa más alta (126 personas presas por 100.000 habitantes), incluidas una de las mayores ratios de mujeres (7,5% de la población reclusa), personas extranjeras (28,1%), mayores de 50 años (20%), personas con discapacidad psíquica o física (5,17%), así como las más altas medias de duración de la reclusión (21 meses). Consideramos, pues, que hay un amplio margen para, además de enfrentarse eficazmente a la pandemia, aproximarse a estadísticas de reclusión más progresistas.

Somos conocedores de que se han anunciado, por parte del Ministerio del Interior, medidas para que personas que se encuentran en tercer grado y deben volver a prisión a pernoctar, no tengan que hacerlo, algo que, debido a la carencia de sistemas de control telemático, sólo podría aplicarse a 3.000 personas reclusas, aproximadamente.

Sin embargo, consideramos que, además de las medidas ya tomadas, restrictivas de derechos, dirigidas a parar los contagios y evitar la propagación del virus, de cuya necesidad y oportunidad nadie duda, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debería adoptar medidas alternativas más intensas, dirigidas a garantizar la salud de las personas presas, flexibilizando la salida de ciertos colectivos de especial vulnerabilidad o de grupos de riesgo, así como de quienes tienen una perspectiva cercana de excarcelación, que cuenten con condiciones adecuadas para su confinamiento en situación de igualdad con el resto de la población.

Así, quienes impulsan esta iniciativa consideran que es absolutamente prioritario la adopción de medidas de excarcelación más exigentes, para que las personas presas puedan permanecer en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara.

Estas medidas contribuyen a evitar la propagación del virus en los centros penitenciarios, aliviar los escasos recursos sanitarios y la tensión en las prisiones, a la par de reforzar el arraigo familiar y social de estas personas con su entorno. Medidas preventivas antes de que los casos que ya han empezado a constatarse en prisión tengan un desenlace fatal, más allá de los que a día de hoy debemos lamentar.

La normativa penitenciaria ofrece diversas vías para responder de forma humanitaria ante la excepcionalidad planteada por el riesgo del Covid-19, tales como la clasificación de tercer grado humanitario (art. 104.4 RP y 36.3 CP) para decretar el cumplimiento domiciliario de la pena para quienes presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años) que les hagan especialmente vulnerables a la pandemia. Se procederá a la aplicación generalizada de la modalidad prevista en el artículo 86.4 RP y en el artículo 100.2 RP, para internos e internas ya clasificados en tercer grado, o la urgente revisión de clasificación de grado de aquellas personas que se encuentren en la actualidad clasificadas en segundo grado y disfrutando de permisos y presenten un pronóstico favorable de reinserción, para su inmediata progresión a tercer grado.

En el mismo sentido, vía artículo 91 CP, se revisarán las circunstancias individuales de personas penadas, para elevar por las Juntas de Tratamiento a los juzgados correspondientes propuestas de libertad condicional para aquellos internos e internas que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable a la reinserción social, previa clasificación en tercer grado.

Por todo ello, las y los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes, presentamos la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL para su debate en el próximo Pleno, y apremiamos al Gobierno para que adopte las siguientes medidas:

1- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que, en el ejercicio de sus facultades, dentro del ordenamiento jurídico y siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, adopte las oportunas medidas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presentan especial vulnerabilidad ante el COVID-19, concretamente internos e internas que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años), por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que adopte medidas, sin excepcionalidad de ningún tipo derivada de la tipología o gravedad del delito, para la excarcelación de presos y presas que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad.

3- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que garantice la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior, para generalizar medidas de protección, examen preventivo de síntomas y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivando inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por enfermedad de COVID-19.

4- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que, mientras dure la crisis sanitaria, garantice el derecho a la información a las personas presas, ofreciendo conocimiento actualizado y asequible sobre el desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación. Asimismo, solicita que se extienda la comunicación indirecta entre personas internas y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas y ampliándose el recurso a las videollamadas más allá de las actuales limitaciones a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar.

5- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español a que, cuando se inicie la desescalada en busca de la normalización previa al estallido de la pandemia, se tenga en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados. En este sentido, se deben dar los pasos necesarios para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todas las personas presas que así lo soliciten. No sólo porque es su derecho, sino porque es un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de las internas e internos. Un acercamiento geográfico de las personas presas a sus familias, para el que se hace necesario retomar las conducciones con medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes, y un acercamiento que debería comenzar con las reclusas y reclusos más alejadas de sus domicilios y con los padres y madres de hijos e hijas menores.

Donostia, 22 de mayo de 2020

Firmantes. 

Jon Insausti Maisterrena (portavoz del grupo EAJ/PNV), Reyes Carrere Zabala (portavoza del grupo EH Bildu) y Aitzole Araneta Zinkunegi (portavoza del grupo Elkarrekin Donostia)