AKTUALITATEA

| 2026-06-16 08:26:00

Interpelarán al diputado de servicios sociales sobre este servicio esencial, ya que es la puerta de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales y sus prestaciones

Araba. 16-06-2026 | El grupo juntero EH Bildu Araba interpelará al Diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, sobre la intención de la Diputación Foral de Araba de privatizar el servicio de valoración de la discapacidad. Mediante esta interpelación, EH Bildu pretende que «el Diputado Foral explique con transparencia cuáles son sus planes, que dé respuesta a la preocupación de las trabajadoras y de sus representantes sindicales, y que aclare si su intención es mantener y fortalecer el modelo público o avanzar hacia fórmulas de gestión privada», según ha explicado su portavoz, Eva Lopez de Arroyabe.

Lopez de Arroyabe ha detallado que el servicio de valoración de la discapacidad es un servicio esencial, ya que se trata de «la puerta de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales». «Gracias a esta valoración la ciudadanía puede tener acceso a apoyos, recursos económicos y servicios sociales, estamos hablando de que la valoración de la discapacidad abre la puerta a residencias, centros ocupacionales, bono taxi o al servicio de respiro».

Por eso, EH Bildu considera una mala noticia la publicación en el perfil del contratante la licitación de este equipo de valoración, «porque se le abre la puerta a valoraciones poco transparentes y basadas en criterios meramente económicos, por no hablar del empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras de este servicio».

La procuradora de EH Bildu Claudia Venceslao ha detallado el proceso de desmantelamiento y privatización de este servicio. Venceslao ha explicado que en abril del 2023 entró en vigor el nuevo baremo de valoración de la discapacidad que supuso un cambio importante en la forma de evaluar las situaciones de discapacidad. Se trata de un baremo más completo, integral y ajustado a la realidad de la persona y que requiere una mayor especialización técnica. Ante esto, la procuradora ha censurado que la previsión de la Diputación ha sido insuficiente «para afrontar esta transición que, además, era conocida con antelación».

«La implantación de este nuevo sistema de baremación en Araba ha estado marcada por una evidente falta de planificación y errores de gestión como, por ejemplo, la contratación del primer equipo adicional bajo la fórmula de acumulación de tareas, la dispersión de los equipos en locales diferentes y la no cobertura de la jefatura del servicio durante meses».

La procuradora ha recordado que EH Bildu consiguió en el acuerdo presupuestario de 2025 la contratación de un equipo adicional completo, y que, gracias a este cuarto equipo, se ha reducido los plazos de espera para el dictamen de valoración un 14,5% en este año. «Por eso resulta difícil entender que, cuando estos equipos ya están formados, coordinados y ofreciendo resultados positivos, el Departamento licite la contratación de equipos externos para la valoración de la discapacidad, en una especie de mercadillo, adjudicando un importe económico distinto según el tipo de informe (médico, sanitario, psicológico o social) ignorando que la dedicación profesional, la responsabilidad técnica y el tiempo necesario para su elaboración no dependen del ámbito de intervención, cómo bien ha señalado el propio Colegio de Trabajadoras Sociales. Además, esta diferenciación transmite la idea de que unos informes tienen mayor relevancia que otros, generando desigualdad entre profesionales».

Tanto la Junta de Personal del Instituto Foral de Bienestar Social como las propias trabajadoras del Servicio de discapacidad han expresado públicamente su rechazo ante una decisión que consideran el primer paso hacia la externalización de un servicio que hasta ahora ha sido íntegramente público. También se ha mostrado contrario a esta privatización el Colegio Oficial de Trabajo Social de Araba.

La portavoz ha dicho que la valoración de la discapacidad no es «un trámite administrativo cualquiera. Es una función pública que requiere especialización, conocimiento, continuidad y una estrecha vinculación con el sistema público de servicios sociales. Por eso creemos que debe seguir siendo gestionada desde lo público y reforzada con recursos suficientes». «Porque cuando hablamos de discapacidad, hablamos de derechos. Y cuando hablamos de derechos, las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar servicios públicos sólidos, estables y de calidad», ha concluido Eva Lopez de Arroyabe.