AKTUALITATEA

| 2026-10-08

EH Bildu ha presentado sendas iniciativas en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea para que los gobiernos vasco y navarro ejerzan sus competencias e inicien el procedimiento legal para declarar tanto la CAV como Navarra Zonas de Mercado Residencial Tensionado, ya que el acceso a la vivienda se ha convertido en una verdadera emergencia social y ante un problema de esta magnitud hacen falta políticas públicas capaces de intervenir en el mercado y poner límites a la especulación. Ante situaciones excepcionales, hacen falta respuestas excepcionales.

La emergencia habitacional es, además, un problema generalizado, aunque no se manifieste de la misma manera ni con la misma intensidad en todos los lugares. Las dificultades de acceso a la vivienda han dejado de ser fenómenos aislados o localizados y afectan, sin duda, al conjunto del territorio.

Un problema que es generalizado requiere soluciones integrales, pero los gobiernos de Gasteiz e Iruñea han optado hasta ahora por una aplicación limitada de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, dejando fuera a una parte importante de sus respectivos territorios y renunciando así a utilizar todo el potencial de esta herramienta.

EH Bildu considera, en cambio, que es necesario dar un paso más, ya que la gravedad de la situación exige más ambición, más intervención pública y aprovechar al máximo todas las herramientas de las que disponemos para garantizar el derecho a la vivienda.

En este sentido, la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado constituye una de las principales herramientas para hacerlo, y, junto a ello, resulta fundamental disponer de sistemas propios de información e índices de referencia de precios del alquiler. Este es precisamente el segundo punto de la iniciativa de EH Bildu, que tanto el Gobierno de Gasteiz como el de Iruñea, en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, desarrollen un índice propio de referencia de precios del alquiler que tenga en cuenta las características de las viviendas, las diferencias territoriales y las condiciones sociales y económicas de las personas arrendatarias, sin que tenga que basarse necesariamente en los precios del mercado.