A finales de julio se tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento de Zumarraga deberá abonar a la empresa Gerozerlan S.L. (UTE formada por Moyua y Matia) más de 425.000 euros. 322.413,00 euros + intereses legales (Estimamos un mínimo de 100.000 euros). Conocían la sentencia desde marzo de este año, la sentencia en firme se dictó en mayo y la sentencia judicial la conocimos después de las elecciones, por lo que queda claro la intencionalidad de ocultar la sentencia hasta después de las elecciones.
En 2005 la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zumarraga suscribieron un convenio para la construcción del centro gerontológico de Argixao. El Ayuntamiento de Zumarraga realizó la cesión de terrenos a la Diputación, la diputación realizó la licitación para la construcción y gestión del centro (adjudicada a Gerozerlan, S.L.) y el Ayuntamiento de Zumarraga se comprometió a financiar los gastos de urbanización. El entonces Ayuntamiento (presidido por el PSE y siendo teniente de alcalde Mikel Serrano) quería construir apartamentos tutelados, para lo cual la Diputación volvió a ceder parte de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Zumarraga para cumplir su objetivo. El Ayuntamiento quería promocionar la construcción de apartamentos tutelados, obtener 5 millones de los derechos de explotación y financiar el gasto comprometido con este ingreso (322.413,00 euros).
Pero llegó la crisis financiera, los apartamentos tutelados no se construyeron, el dinero esperado no llegó y el ayuntamiento quedó en deuda con la adjudicataria. Gerozerlan solicitó el dinero comprometido, pero el Ayuntamiento adujo que no tenía conocimiento del compromiso de pago. El Tribunal Supremo del País Vaco ha dado la razón a la empresa Gerozerlan, S.L. y ha quedado probado que el Ayuntamiento se comprometió al pago y que conocía el convenio. A pesar de que el Gobierno Municipal decía no saber nada del convenio, que desconocían la existencia del mismo; el entonces teniente de alcalde Mikel Serrano llegó a publicitar el proyecto de apartamentos tutelados. Ahora, afirman que el convenio, que en un principio les era desconocido, se firmó de manera irregular. Siendo así, no se tomó ninguna iniciativa en contra de dicho convenio tal y como afirma el juez en la sentencia. Por si esto fuera poco, por otro lado, se redactó un proyecto de apartamentos tutelados, que se adjudicó a una oficina técnica, pero sin un proceso de licitación. El Ayuntamiento en un principio no quiso pagar por los trabajos realizados, pero al final tuvo que llegar a un acuerdo y pagar unos 100.000 euros.
Las consecuencias son realmente graves y preocupantes:
Inmenso perjuicio económico en nuestras arcas municipales: la mala práctica del PSE ha producido un agujero de más de 500.000 euros. Los ciudadanos pagaremos este enorme agujero y debilitaremos aún más la capacidad de inversión del Ayuntamiento.
Opacidad y falta de transparencia: El gobierno municipal ha ocultado todos los procesos judiciales y sentencias hasta que no les ha quedado más remedio que hacerlo público. Por otra parte, los representantes municipales de la oposición que han ostentado el cargo durante las diferentes legislaturas hasta que se ha producido la sentencia definitiva, no han tenido conocimiento de esta cuestión ni del procedimiento administrativo-judicial. El 9 de septiembre de 2009 Gerozerlan, S.L. registra la reclamación oficial de pago, por lo que este ayuntamiento tiene conocimiento del compromiso al menos desde entonces. Por otra parte, en el momento de la firma del convenio Mikel Serrano era el teniente de alcalde, por lo que no es creíble que no tuviera conocimiento del convenio.
Irresponsabilidad política: Tal y como ha señalado el juez en la sentencia, ante la supuesta ilegalidad del convenio el ayuntamiento no ha puesto en marcha los mecanismos legales para su impugnación tal y como lo prevé el artículo 106 de la ley 39/2015. Si consideraban que el convenio no era legal, creemos que no hacer nada ante ello es una grave irresponsabilidad. Estamos ante una gran negligencia política que vamos a pagar con un agujero de 525. 000 euros.
EH Bildu considera que, teniendo en cuenta los graves perjuicios que tiene para la situación económica del Ayuntamiento, que los representantes municipales de la oposición no hayamos recibido información del proceso judicial hasta que no les ha sido posible ocultarlo más y que pueden existir responsabilidades políticas, tenemos la obligación de conocer e investigar los hechos. Nos encontramos ante una gestión irresponsable y opaca del PSE. El alcalde y el gobierno municipal a quien representa, en lugar de actuar con transparencia, honestidad y responsabilidad, quieren culpar a un compañero de partido y ex alcalde de todo lo ocurrido. Responsabilizar a “una forma de actuar de una generación” muestra una auténtica falta de respeto hacia una generación de militantes de partidos políticos a los y a las que debemos mucho.
Hay tres preguntas principales por responder: 1) ¿Por qué han ocultado todo el proceso judicial cuando el perjuicio económico que podía haber en el ayuntamiento era inmenso? ; 2) Si sabían que el convenio no era legal, por qué no se impugnó el convenio tal y como ha solicitado el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco 3) ¿Mikel Serrano era el teniente Mikel Serrano cuando se firmó el convenio y después de haber sido alcalde durante 15 años no tiene ninguna responsabilidad?
Por lo tanto, en las próximas semanas vamos a poner en marcha diferentes iniciativas políticas para el esclarecimiento de la verdad, el conocimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades políticas.
Los zumarargarras tenemos derecho a conocer lo que ha sucedido con sus 525.000 euros perdido y es obligación de nuestro grupo municipal dar curso a este derecho.