AKTUALITATEA

| 2023-12-29 14:40:00

Estos días se han escrito muchos comentarios en redes sociales sobre el desarrollo urbanístico de Abaro, de la ampliación del instituto de Iberre y del recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación Vecinal de Sopela, cuya presidenta es la misma persona que es la concejala de Alternativa Vecinal de Sopela.

La situación actual de Abaro es la consecuencia de decisiones tomadas durante 25 años; por tanto EHBildu no puede explicar en un simple comentario en las redes sociales un tema de semejante importancia: se necesitan datos y explicaciones.

1.- El desarrollo urbanístico de Abaro es clave para Sopela: permite la construcción de 490 Viviendas de Protección Pública (VPP), la ampliación del instituto de enseñanzas medias de Iberre, la recuperación de la vega del Gobela y ampliación del humedal de Urko. No se necesitan muchos argumentos para ser conscientes de la importancia de estas actuaciones.

2.- El desarrollo urbanístico de Abaro, es ilógico: No es comprensible que prácticamente todas las nuevas zonas urbanizadas de Sopela sean de baja densidad (adosados, unifamiliares, vivienda privada) y que prácticamente la totalidad de vivienda colectiva y publica (520 VPP previstas) se concentre en un solo sector: Abaro.

3.- La razón de este desequilibrio se basa en las Normas Subsidiarias de Sopela publicadas en el BOB el 11 de enero de 1999. Las fuerzas que hoy en día componemos EHBildu votamos en contra; pero la mayoría de la corporación municipal las acepto. Fue un error que llevamos 25 años sufriéndolo y, en consecuencia, Abaro sigue sin desarrollarse, hay muy pocas VPPs en Sopela y el pueblo se ha llenado de unifamiliares y adosados con gran ocupación de terreno.

4.- Durante estos 25 años ha habido varios intentos de llegar a acuerdos para superar esa situación y citamos los dos principales: en la legislatura 2004-2008 aprovechando los márgenes de vivienda pública, tasada y privada que posibilitaba la ley de vivienda del Consejero Madrazo y en la legislatura 2011-2014 con EHBildu en la alcaldía y el PSE en la consejería de vivienda del Gobierno Vasco. También ha habido otras propuestas que fueron desechadas: la construcción del instituto en San Andres, en un terreno municipal cerca del camping (desechada por su mala y peligrosa ubicación) o la unión de varias parcelas en la zona de Loiola entre Larrabasterra y las playas (propuesta muy compleja que implicaba un reagrupamiento de otras parcelas menores y muchos trámites urbanísticos).

5.- El acuerdo de la legislatura 2011-2014 es básico para entender la situación actual: Es un triple acuerdo entre ayuntamiento, propietarios de los terrenos y Gobierno Vasco. Se firman dos documentos: Ayuntamiento-GV y Ayuntamiento-propietarios, publicados en el BOB (8/10/2012). El ayuntamiento obtiene la cesión de terrenos para la ampliación del instituto; los propietarios obtienen la reducción del 100% de VPP al 75% (ganan un 25% de vivienda privada) y el ayuntamiento se compromete con el Gobierno Vasco a iniciar en plazo de seis meses la revisión de las Normas Subsidiarias del 1999 (un nuevo Plan General de Ordenación Urbana-PGOU) para “recolocar” ese 25% de VPP minimizado en Abaro, en otras áreas del municipio, por tanto el pueblo de Sopela no pierde ninguna VPP; se cambian de zona.

6.- Se inicia el nuevo PGOU: En seis meses se da comienzo al proceso y en solo 18 meses (enero del 2015) ya está aprobado el Consejo Asesor de Urbanismo (requisito de obligado cumplimiento para un nuevo PGOU); se da en pleno el “Inicio de los trabajos de revisión de las vigentes normas subsidiarias del municipio de Sopelana”; se publican los pliegos de condiciones técnicas para la redacción y tramitación del PGOU y se adjudica definitivamente a una empresa la “Redacción del PGOU de Sopela”. Cualquiera que conozca la burocracia institucional puede valorar la eficacia de este proceso.

7.- Se impugna el PGOU: La empresa que queda en segundo lugar en la adjudicación del PGOU impugna la adjudicación y el 3 de julio del 2015 el “Órgano Administrativo de Recursos Contractuales” falla contra el Ayuntamiento. Contra esta resolución cabía la interposición de recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero en ese momento ya está en la alcaldía Gontzal Hermosilla del PNV y no lo presentó, es más, indemnizo a la empresa ganadora de la adjudicación y finalizo toda relación contractual. En esta legislatura (2015-2019) no se dio ni un solo paso y además se quitó la partida presupuestaria para un nuevo PGOU. En aras del consenso actual mejor no valorar esta actitud.

8.- Se retoma el proyecto de Abaro y el nuevo PGOU. EHBildu y PNV llegan a un acuerdo presupuestario en 2020 y ambos se comprometen a la redacción de un “PGOU teniendo en cuenta el trabajo ya adelantado en la legislatura 2011-2015”. En este acuerdo también entra el PSE. Se abre un largo proceso: aprobación inicial, diversas fases de alegaciones… pero el 2 de julio de 2021, el equipo redactor del Plan Parcial de Abaro comunica que el Gobierno Vasco considera que el acuerdo del 2012 ha caducado y que la única posibilidad es reeditar un nuevo acuerdo cuando esté en marcha el PGOU.

9.- Y así estamos ahora: Se adjudica un nuevo PGOU, ya se está redactando. Se están dando los pasos necesarios para el desarrollo de Abaro con 490 VPPs (30 menos de las 520 que se citaban en el 1999) y la cesión anticipada de los terrenos para ampliar el nuevo instituto; se están desarrollando las VPP para alquiler social de Loiola y Asu de las que pronto habrá noticias concretas.

10.- El Recurso presentado por la Asociación Vecinal de Sopela, cuya presidenta es la concejala de Alternativa Vecinal de Sopela crea inseguridad jurídica a los propietarios, al Gobierno Vasco y, por tanto, puede echar al traste todo este trabajo de años y NEGOCIACIONES a muchas bandas.

El “Abaro” ahora proyectado no es el Abaro deseado por EHBildu, pero tampoco el deseado por el PNV o PSE o Elkarrekin o propietarios de los terrenos...es el Abaro fruto de muchos años de trabajo y que todavía se puede mejorar en los temas de competencia municipal: tráfico, comunicaciones peatonales, comercio… pero no volviendo a la casilla de 1999.