EH Bildu ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE para aprobar antes de fin de año la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones e incluir en ella un capítulo entero dedicado a dificultar las deslocalizaciones de empresas. Según lo pactado, en línea con la propuesta que la coalición independentista puso en marzo sobre la mesa, las compañías que deslocalicen su producción o su actividad para pagar menos impuestos o para reducir costes de producción deberán devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos ocho años.
La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo considera al respecto que “no se puede permitir que una empresa, después de recibir ayudas públicas, traslade su producción a otro Estado teniendo en cuenta sólo su interés particular, al margen de los derechos de su plantilla y de los intereses y necesidades del territorio en el que está implantada; nos parece bien ayudar a las empresas, pero además de ayudarles, también hay que exigirles responsabilidad y compromisos, entre ellos el arraigo en el territorio”.
En este sentido, recuerda que la coalición presentó ya hace cuatro años una proposición de ley para obligar a las empresas a devolver las ayudas públicas en caso de deslocalización, pero PNV y PSE no la admitieron entonces a trámite. Sin embargo, sí lo hicieron cuando EH Bildu volvió a presentar la propuesta el pasado mes de marzo, cuando Ferrovial anunció el traslado de su sede fiscal a Países Bajos y puso así otra vez el problema de las deslocalizaciones en el centro de la agenda política y mediática.
Según indica Pinedo, “desde la política no podemos prohibir las deslocalizaciones, pero sí podemos tomar medidas para dificultar esos movimientos, que es lo que proponíamos desde EH Bildu y lo que al final hemos conseguido”. Así, el acuerdo con PNV y PSE contempla que todo un capítulo de la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones esté dedicado a las deslocalizaciones para regular en esos casos la recuperación de las ayudas públicas. “Con este acuerdo damos un paso adelante para obstaculizar las deslocalizaciones y proteger así el tejido industrial y económico del país”.
La parlamentaria abertzale explica al respecto que “la obligación de devolver las ayudas públicas está vigente en Bizkaia desde 2007 y ahora, gracias a este acuerdo, se va a extender por ley también a Araba y Gipuzkoa. Además, también hemos acordado introducir varias mejoras en la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones para que la concesión de ayudas sea más transparente y rigurosa y para que se garantice mejor el control público de las mismas”.