AKTUALITATEA

| 2025-06-26 12:00:00

A partir de la sentencia de la Audiencia Nacional que declara probado que Iratxe Sorzabal fue torturada por la Guardia Civil, EH Bildu ha traído hoy al Parlamento la realidad de la tortura y las personas torturadas para reclamar al Gobierno vasco que adopte medidas para que todos y todas las vascas que han sido víctimas de torturas puedan ejercer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y que promueva los mecanismos jurídicos y las modificaciones legales necesarias para ello. Asimismo, ha demandado al Instituto Gogora que ponga a disposición de Iratxe Sorzabal los medios jurídicos necesarios para que ejerza sus derechos ante la Justicia y se investiguen y aclaren las responsabilidades penales de los agentes que la torturaron. La propuesta de EH Bildu, no obstante, no ha salido adelante, ya que PNV y PSE han votado en contra, al igual que PP y Vox.

Eraitz Sáez de Egilaz ha destacado la importancia del caso Sorzabal por suponer, a su juicio, “un punto de inflexión”, puesto que su sentencia “deja claro, por un lado, que las fuerzas policiales del Estado han utilizado la tortura de forma sistemática y que las declaraciones efectuadas bajo tortura han sido pruebas indispensables para la imposición de penas y, por otro, que, igual que hay personas torturadas, hay torturadores, porque lo uno implica necesariamente lo otro”.

Para la parlamentaria de EH Bildu “es escandaloso que la Audiencia Nacional reconozca la tortura y que su sentencia no suponga un escándalo, ¿quizá porque ya era algo sabido?”. A este respecto ha recordado el informe publicado en 2017 por el Gobierno vasco, que constató 4.113 casos de torturas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, incluidos los 300 atribuidos a la Ertzaintza, y ha denunciado la impunidad existente en torno a esta realidad. “Si en este país son miles las personas torturadas, ¿quién los ha torturado? ¿Dónde están los torturadores? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién financió los electrodos y demás dispositivos? ¿Quién y cómo entrenó a los agentes implicados? ¿Y quién hizo oídos sordos y miró a otro lado?”.

Para combatir la impunidad, Sáez de Egilaz ha considerado imprescindible que las instituciones pongan en marcha mecanismos jurídicos y promuevan cambios legislativos que amplíen, por ejemplo, el alcance de la ley vasca de reparación a las víctimas del Estado, que sólo contempla las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1978 y 1999, de manera que, “aunque sea paradójico”, a Iratxe Sorzabal, torturada en 2001, la deja fuera y sin derecho a la reparación, “igual que a otros cientos o miles de torturadas y torturados”.

Al hilo de ello, la parlamentaria independentista ha reprochado al Gobierno Pradales que no se comprometa a impulsar las modificaciones legales necesarias y a esclarecer los casos de tortura en los que está implicada la Ertzaintza. “El Estado español ha asumido, justificado, utilizado y financiado la tortura y en Euskal Herria tenemos personas torturadas, pero ningún torturador. Falta aclarar eso, porque es de enorme importancia saber quiénes las torturaron y saber, por ejemplo, si el Gobierno vasco ha abierto algún expediente sabiendo como sabemos que también la Ertzaintza ha torturado. Aquí eso está por hacer”.

Por tanto, dado que la impunidad de los torturadores ha sido casi absoluta, que las denuncias de torturas se han archivado sistemáticamente, sin siquiera investigarlas, “las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa deben a todas las víctimas de torturas su derecho a la reparación, al reconocimiento y a la verdad”.