Tras la alarma causada por Ferrovial con el traslado de su sede fiscal a Países Bajos, el fenómeno de la deslocalización de empresas ha vuelto al centro de la agenda política y mediática poniendo de manifiesto la necesidad de articular medidas desde la política para obstaculizar ese tipo de movimientos empresariales. En este contexto el Parlamento ha admitido hoy a trámite la proposición de ley presentada por EH Bildu para hacer frente y dificultar la deslocalización de empresas que de esa manera solo buscan rebajar sus costes de producción o simplemente pagar menos impuestos, ya que, tal y como ha indicado Iker Casanova, las deslocalizaciones no se pueden prohibir por ley, pero sí que se pueden tomar medidas para obstaculizar y evitar esos movimientos.
El parlamentario de EH Bildu ha subrayado que “el fenómeno de la deslocalización es un fenómeno preocupante que daña la economía, la industria y la sociedad misma y, por lo tanto, debemos ser capaces de articular los mecanismos que estén en nuestra mano para frenar ese proceso”. La iniciativa legislativa de la coalición soberanista, ha explicado Casanova, “se inspira en una norma foral que en Bizkaia está en vigor desde 2007 sin que haya habido ninguna controversia en cuanto a su legalidad, lo que evidencia que tiene encaje en el ordenamiento jurídico, y que ha desplegado efectos positivos en algunos casos evitando deslocalizaciones”. En coherencia con ello, lo que propone EH Bildu mediante su proposición de ley es “extender al conjunto de la CAV esos efectos disuasorios de los proceso de deslocalización que ya existen en Bizkaia. Con la ley que proponemos vamos a tener alguna defensa más para evitar los efectos perniciosos de las deslocalizaciones”.
En concreto, la ley que promueve Casanova plantea que, en caso de deslocalización, las empresas estén obligadas a devolver todas las ayudas que las administraciones públicas vascas les hayan concedido en los últimos diez años. “Desde la política estamos obligados a activar instrumentos que dificulten ese tipo de maniobras que buscan solo el beneficio de las empresas y que causan un perjuicio a sus trabajadoras y trabajadores y a los lugares donde están asentadas. Estamos de acuerdo con dar ayudas a las empresas para algunas cuestiones, pero esas ayudas deben conllevar una serie de compromisos por parte de las empresas, como el arraigo y la permanencia en el territorio, entre otros”.
Casanova ha recordado que esta no es la primera vez que EH Bildu propone en el Parlamento una ley contra las deslocalizaciones, puesto que en 2019 ya planteó una iniciativa muy similar, pero PNV y PSE no la admitieron entonces a trámite. Hoy, en cambio, la respuesta de los socios de gobierno ha sido la contraria y el Parlamento tramitará la propuesta para poder aprobar la ley.