EH Bildu ha propuesto en el Parlamento cambiar la Ley del Suelo para combatir la especulación del suelo, a la vista de que los mecanismos legales existentes en la actualidad contra ese tipo de prácticas no son suficientes, tal y como ha explicado Unai Fernández de Betoño. Sin embargo, después de que el Gobierno de Lakua se posicionara en contra de esa propuesta, PNV y PSE han votado con PP y Vox para impedir que se tramite.
Fernández de Betoño ha destacado que actuar contra la especulación del suelo contribuiría a controlar los precios del mercado inmobiliario, ya que “el precio del suelo supone la mitad del precio final de una vivienda”. Ha defendido por ello el cambio de la Ley del Suelo de 2006 y ha recordado que tanto esa ley como las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) inciden en la importancia de actuar contra la especulación urbanística. A pesar de ello, no obstante, “la realidad nos muestra que la especulación sigue siendo una práctica habitual, entre otros motivos porque la mayoría de los ayuntamientos carecen de recursos para hacer valer las posibilidades que la ley les brinda para actuar contra ella, para expropiar terrenos, por ejemplo”.
Por ello, al objeto de incorporar a la legislación un nuevo instrumento contra la especulación, la iniciativa de EH Bildu planteaba modificar la Ley del Suelo para devolver automáticamente a los suelos urbanizables la calificación de no urbanizables, si transcurridos 12 años desde que fueron calificados como urbanizables sus propietarios no inician las obras de urbanización. Con esta propuesta, la coalición pretendía hacer cumplir los plazos definidos en el planeamiento urbanístico y movilizar esos suelos, lo cual traería consigo aumentar la oferta de vivienda y, en consecuencia, contribuiría a frenar el encarecimiento de los precios.
Fernández de Betoño ha explicado que “en ocasiones son los propietarios del suelo, los promotores, los que alargan los plazos de forma deliberada con la esperanza de que los precios suban más adelante y de que, por tanto, sus beneficios sean mayores. Esos propietarios privados creen que la calificación urbanística de sus suelos no puede cambiar, incluso aunque no cumplen los plazos fijados en el planeamiento. Lo ven como un derecho inalterable y creen que pueden urbanizar sus suelos cuando les convenga, sin límite de tiempo, aunque sean urbanizables desde hace muchos años. Como consecuencia de ello, en la CAV existen numerosas parcelas que hace tiempo que se clasificaron como urbanizables y que aún no están desarrolladas, sin urbanizar. El sector 17 San Prudencio Sur de Armentia, en Gasteiz, es un ejemplo de ello, pero tenemos casos similares en Leioa y Donostia”.
Sin embargo, PNV y PSE han bloqueado la iniciativa legislativa de EH Bildu al considerar que es innecesaria porque la Administración ya tiene instrumentos suficientes para combatir la especulación. Para Fernández de Betoño, “lo que han hecho es cerrar los ojos ante la realidad de la especulación, y eso es justo lo que un gobierno no puede hacer nunca, ignorar la existencia de un problema. Es evidente que los mecanismos de la Administración para impedir las prácticas especulativas no son suficientes porque así lo demuestran los resultados, por lo que resulta incomprensible que se impida tramitar una iniciativa cuyo objetivo es reforzar esos mecanismos”.