AKTUALITATEA


| 2023-02-24 11:31:00

Desvela que las aseguradoras dicen que sólo cubrirán pagos por 434.000 euros y que consideran “antieconómico” el arreglo impuesto por UPN

 

Joseba Asiron pide una comisión especial y se compromete a hacer una auditoría en profundidad de esta obra “en cuanto lleguemos al gobierno”

 

EH Bildu investiga una presunta estrategia de fraccionamiento en los pagos relacionados con las obras de la Pasarela del Labrit que trataría de ocultar que esta intervención acumula al menos un 70,7% de desvío respecto al precio de adjudicación (593.000 euros), es decir “sería ilegal”. En concreto y teniendo en cuenta todos los pagos reconocidos hasta el 23 de enero por Proyectos Estratégicos y la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento habría pagado 1,013 millones de euros directamente imputables a las obras “y no los 807.000 que sólo reconoce UPN”. Esto implica un sobrecoste del 70,71%, aunque el equipo de UPN trataría de maquillar este desvío facturando por tres conceptos distintos: alquiler del andamiaje, certificaciones de obra y contratos menores.

Joseba Asiron, portavoz de EH Bildu, ha recordado no obstante que para dimensionar realmente el derroche ocasionado por esta pasarela fallida, “la cifra clave son 1,45 millones”. “Es lo que finalmente vamos a pagar por el arreglo y se obtiene de una sencilla operación: al coste real de la obra (1,013 millones) hay que sumarle el coste de la dirección de obra (91.000 euros) los gastos previos a la adjudicación que, entre estudios, medidas de seguridad y adecuación alcanzan los 197.117,41 euros y la certificación final que aún falta por girar y que, calculamos, llegará a los 150.000 euros”, explicaba. “También en esto teníamos razón cuando hace cinco meses lo advertimos”, añadía el portavoz abertzale que ha comparecido en rueda de prensa junto al edil Borja Izagirre.

Un arreglo “antieconómico” que deja al Ayuntamiento en mala posición

Pero la investigación que está llevando a cabo EH Bildu apunta a otro hecho de una “importancia vital en este expediente”. Desde octubre del año pasado, el equipo de gobierno tiene las alegaciones presentadas por las compañías aseguradoras contra la reclamación dineraria del Ayuntamiento “y solo dicen estar dispuestas a cubrir pagos por 434.000 euros”. “Pero el tema es más grave aún, ya que las mismas aseguradoras con las que UPN decía que era posible llegar a un acuerdo amistoso para recuperar todo el dinero, califican de antieconómico el proyecto de reparación impulsado por los regionalistas”, desvelaba Asiron. “Y esto ya se apuntaba en una prueba pericial fechada en mayo de 2021, antes incluso de adjudicar la obra, y pese a todo ha permanecido oculta hasta ahora mientras el equipo de maya permitía que el precio del arreglo se disparara”, denunciaba.

“La realidad es tozuda y está abriéndose paso entre las mentiras de UPN”, sostiene EH Bildu. “Han tratado de convencer a la ciudadanía de que sus planes de arreglo favorecerían los intereses del Ayuntamiento en los tribunales y la realidad dicta todo lo contrario: en primer lugar, han engordado la cuenta a pagar sin garantía alguna y han acabado debilitando la posición jurídica de la institución; en segundo lugar, el tiempo nos ha dado la razón e incluso las aseguradoras reconocen que el arreglo que se ha llevado a cabo supone una auténtica ruina económica”, concluía el portavoz abertzale. “Y es que es de cajón, nadie paga por un arreglo dos veces el precio del producto”.

Desvíos que superan los máximos contemplados en la Ley

Pero, volviendo a las facturas reales de la obra, hay otra cuestión grave para los intereses del Ayuntamiento y es que, sumando todos los pagos, se habría rebasado con creces el umbral legal del desvío máximo. “La ley contempla que éste no puede superar el 50% y aquí ya superaría el 70%”, advertía Izagirre; “Podemos estar ante un expediente con graves consecuencias económicas para este Ayuntamiento”, añadía Asiron.

Mostrando los cuadros elaborados en base a la información oficial, Izagirre explicaba que, “aún fraccionando los pagos como están tratando de hacer, es decir separando la obra por un lado y el andamiaje por otro, se van a superar los límites legales”. Así, en cuanto a certificaciones de obra, ya se han cursado nueve, por un importe de 699.118, 79, a las que habría que sumar los 171.062,1 euros de facturas “menores”. En total 870.180,89 euros, una cantidad que supera en un 46,74% el precio de adjudicación. “Como podéis observar son bastantes más de los 807.000 que reconocen y hay que tener en cuenta que falta la certificación final que, calculamos, llegará a los 150.000 euros, con lo que el umbral legal se superaría”.

El caso de los pagos por andamiaje es “absolutamente impresentable”. Se aprobó un gasto de 40.000 euros “y hemos pagado 143.373,74, es decir, un 258% más”. Esto tiene que ver con el desvío en el plazo de ejecución, “que también es escandaloso: según el proyecto, la obra iba a estar terminada en 105 días y ha superado los 350, es decir, un desvío de cerca del 240%”, explicaba el edil abertzale.

“Nadie se va a ir sin dar cuentas”

Asiron ha denunciado que “estamos hablando de cosas muy serias: de despilfarro de fondos públicos, de prácticas ilegales, de gestión desastrosa, de sobrecostes que superarían el umbral de lo legal y, sobre todo, de engaños continuados a la ciudadanía”. Pero para el portavoz soberanista, lo más grave de este “despropósito” es el fin con el que está actuando UPN: “esconder sus responsabilidades políticas”. “Aceptaron un diseño defectuoso, aceleraron la apertura por interés electoral, no se revisó la infraestructura hasta que llegamos nosotros y han tirado el trabajo impecable las empresas especializadas y de los técnicos municipales para dilapidar sin excusa 1,4 millones”.

Y ante esta “realidad”, el portavoz de EH Bildu se preguntaba: “¿Qué vamos a hacer nosotras y nosotros?” Y se respondía: “Dos cosas en dos momentos distintos”. Esta legislatura, insistir en la comisión especial en la que se explique “con pelos y señales, cada factura; los fallos de previsión, los errores de proyecto y la gestión de los trabajos”. Si esto no se cumpliera “o los resultados de esa comisión no aclararan todas las dudas”, Asiron asumía un compromiso directo: “hacer una auditoría en profundidad en el momento en el que entremos a gobernar que, espero, sea en junio”. “El objetivo es claro: nadie se va a ir de rositas si queda dinero público por recuperar”, apuntaba.