AKTUALITATEA

| 2023-03-21 15:22:00

Grave e incomprensible. Así ha sido la decisión de PNV y PSE en la Mesa del Parlamento al negarse a hacer una declaración de apoyo al parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño ante la amenaza que este recibió por parte de la abogada de un director del Gobierno de Lakua amonestado por la Comisión de Ética Pública a raíz de la denuncia del representante de EH Bildu. Los miembros de esa Comisión deben guardar secreto sobre toda la información que hayan conocido en el ejercicio de sus funciones, incluida la identidad de las personas denunciantes, pero es evidente que en el caso de Fernández de Betoño vulneró su derecho al anonimato e hizo así posible la amenaza que recibió posteriormente.

La Mesa que preside Bakartxo Tejeria tiene la responsabilidad de defender los derechos de todas y todos los parlamentarios, pero ante la amenaza a Fernández de Betoño ha preferido mirar para otro lado. La excusa de PNV y PSE, además, es absurda, ya que han argumentado que Fernández de Betoño no recurrió a la Comisión de Ética como parlamentario cuando cualquiera puede comprobar que eso no es cierto y que la propia resolución de la Comisión especifica que la denuncia partió de un miembro del Parlamento. Es decir, la Comisión de Ética Pública trata a Fernández de Betoño como parlamentario y es la Mesa del Parlamento la que en este caso le niega esa condición. Es el mundo al revés. En definitiva, la Mesa ha mirado más a la filiación política de Fernández de Betoño que a la amenaza que recibió.

Como ya hizo antes la presidenta de la Comisión de Ética, la consejera Olatz Garamendi, esta vez ha sido la Mesa del Parlamento la que ha respaldado las irregularidades de esa Comisión. En lugar de apoyar al parlamentario víctima de esas irregularidades y de exigir el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades, la Mesa ha optado por respaldar el funcionamiento incorrecto de ese órgano, lo que pone en cuestión su supuesta validez, ya que ha quedado claro que no cumple un elemento que es clave en la lucha contra las malas prácticas como es la necesidad de garantizar el anonimato de los denunciantes. ¿Quién se atreverá a denunciar prácticas irregulares sabiendo que eso puede volverse en su contra y que, en ese caso, nadie lo defenderá?