AKTUALITATEA

| 2023-03-06 09:04:00

EH Bildu ha pedido impedir la deslocalización de empresas, obligar a las empresas que lo hagan a devolver los fondos públicos obtenidos y mantener el empleo tras la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. La Proposición no de Ley presentada por el grupo soberanista vasco se debatirá el 28 de marzo en el pleno del Congreso, lo que obligará a los grupos a posicionarse sobre ella; será la primera iniciativa en relación a esta materia que se debata en la Cámara Baja. 

Concretamente, EH Bildu insta al Gobierno español a impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública. La obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas deberá estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los 5 años posteriores a la última financiación pública obtenida.

La iniciativa que EH Bildu ha llevado al Congreso recoge la necesidad de elaborar, desarrollar y aprobar la legislación necesaria para que, en caso de producirse un caso de deslocalización, las empresas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y/o ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años. Asimismo, reclama proteger y asegurar todos los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal.

Supuestas ventajas fiscales

En ese sentido, EH Bildu recuerda que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo ya han adoptado medidas jurídicas para que las empresas financiadas por la Unión Europea no deslocalicen sus actividades y queden excluidas de los fondos estructurales hasta siete años después de la deslocalización. "Las instituciones públicas están obligadas a arbitrar los medios para hacer frente a las consecuencias que la deslocalización genera en nuestro tejido económico", ha recalcado el grupo soberanista vasco.

El portavoz adjunto Oskar Matute advierte, además, de que las empresas que optan por deslocalizar su producción suelen apelar a situaciones de supuesta inseguridad jurídica "para camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el país de origen". Considera urgente que los Estados se doten de mecanismos que protejan a sus trabajadores y a la ciudadanía en general de estos procesos, ya que cuando se derivan ayudas públicas para la protección de las empresas las instituciones no pueden mirar a otro lado.

Las deslocalizaciones afectan principalmente a empresas transnacionales, la mayoría de las cuales suelen poner rumbo a Estados caracterizados por una estructura fiscal y normas legales más ventajosas y flexibles que, tienen como primer paso, situar los focos de poder y decisión en el exterior. "Se suele recurrir a la amenaza de la deslocalización para recortar salarios y empeorar las condiciones laborales de las y los trabajadores", denuncia Matute.