AKTUALITATEA


| 2024-03-12 15:38:00

Conscientes de que el acceso a la vivienda es, a día de hoy, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, EH Bildu ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para asegurar el derecho efectivo a una vivienda digna y asequible, ampliar la cobertura de las medidas de vivienda a todos los supuestos y cerrar todas las vías a quienes intentan sortear las regulaciones. La vivienda se ha convertido para las generaciones más jóvenes, pero también para personas y familias de mediana edad, en uno de los grandes problemas que lastran las condiciones de vida material y el desarrollo social de miles y miles de personas. "Estamos ante una situación de emergencia que necesita soluciones integrales, efectivas y rápidas. Sobran excusas y demoras", ha advertido el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute.

En definitiva, el grupo soberanista quiere dotar de más garantías a los inquilinos y aumentar la protección de los arrendatarios frente a situaciones fraudulentas o abusivas, abarcando todos los tipos de contratos de vivienda. La iniciativa se debatirá en el pleno del 9 de abril. De la mano del aumento injusto e injustificado de los tipos de interés que afecta a la subida descontrolada de las hipotecas variables, Matute ha denunciado que han convertido una necesidad básica, la vivienda, en un bien de mercado inalcanzable para la mayoría social trabajadora, al albur de un mercado salvaje fuera de todo control y regulación.

"Hablamos de un modelo fallido que está lastrando las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora y, especialmente, de la juventud. Han generado una burbuja basada únicamente en el negocio, y no en satisfacer la demanda y necesidad de vivienda". En palabras del diputado de EH Bildu, las administraciones públicas, todas ellas, son corresponsables de haber permitido esta situación, "por lo que deben ser responsables también de ponerle solución".

 

Entre otras medidas, EH Bildu propone:

  1. Declarar la Emergencia Habitacional para que el derecho a la vivienda sea un eje prioritario de las políticas públicas de todas las Instituciones.

  2. Regular los alquileres de temporada con el objetivo de ajustarlos estrictamente a su diferente casuística y a la cobertura de la necesidad a la que responden, para que queden sujetos a las mismas obligaciones que los arrendamientos de vivienda habitual.

  3. Regular los contratos de arrendamiento por habitaciones, que deberán regirse por los mismos criterios y regulaciones que los contratos de vivienda completa habitual.

  4. Aumentar los medios de control para atajar el fraude que se comete mediante las figuras de arrendamientos temporales y por habitacions.

  5. Publicar, en el plazo máximo de 6 meses, el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, el cual deberá sustituir la referencia al IPC y establecerse por debajo de este.

  6. Ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que las CCAA y los municipios, en el ejercicio de sus competencias, puedan regular de manera efectiva los pisos turísticos y su nocivo impacto en el acceso a vivienda en alquiler.

  7. Impedir la compra de viviendas a fondos de inversión e inversores extranjeros multi-propietarios que no acrediten un mínimo de 5 años de residencia continuada, y con la obligación de destinar los inmuebles a vivienda propia o alquiler habitual.