OPINIONES

Golpes sin castigo: otro caso de impunidad policial

Oscar Sánchez | 2025-07-04 12:17:00

El reciente caso de violencia policial en Romo, donde un agente de la Policía Local golpeó a un detenido ya inmovilizado en el suelo, según un vídeo difundido por NAIZ, pone de manifiesto una problemática estructural: la impunidad con la que operan ciertos agentes de las fuerzas de seguridad y la falta de mecanismos efectivos para garantizar justicia. Este incidente no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema que, lejos de proteger a la ciudadanía, a menudo ampara a quienes abusan de su autoridad. La indignación que genera este caso debe servir como un llamado urgente a reformar los procedimientos de control y sanción de las actuaciones policiales.

Uno de los principales problemas radica en las penas irrisorias que enfrentan los agentes implicados en casos de violencia. Cuando un policía comete un acto de abuso, como los puñetazos propinados al detenido en Romo, cuando se encontraba ya inmovilizado en el suelo, como se puede ver en las imágenes, las consecuencias en los pocos casos que las hay, suelen ser mínimas: multas leves, suspensiones temporales o, en el mejor de los casos, procesos judiciales que se dilatan y terminan en sanciones desproporcionadamente bajas. En contraste, cuando un ciudadano es acusado de un delito de atentado contra la autoridad o de resistencia, las penas son notablemente más severas, con condenas que pueden incluir años de prisión. Esta disparidad evidencia un sistema que protege a los agentes por encima de la ciudadanía, perpetuando una percepción de intocabilidad policial que erosiona la confianza en las instituciones.

Otro aspecto alarmante es la falta de investigaciones independientes y rigurosas. Las denuncias por abuso policial suelen recaer en los propios cuerpos de seguridad o en instancias cercanas, lo que compromete la imparcialidad. En el caso de Romo, el Ayuntamiento asegura que la detención “se ajustó a los procedimientos establecidos” y que el caso será revisado por la Comisión de Control y Transparencia del Gobierno Vasco, pero esta respuesta suena más a una formalidad que a un compromiso real con la justicia. Si golpear dos puñetazos en el suelo a una persona reducida se ajusta a los procedimientos establecidos, apaga y vámonos. El principio de veracidad, que otorga una presunción de credibilidad a los atestados policiales, actúa como un escudo protector para los agentes, especialmente cuando no hay pruebas contundentes como un vídeo. Incluso cuando existen grabaciones claras, como en este caso, las administraciones tienden a actuar con extrema cautela y justificando la actuación policial, llegando a defender al policía acusado en un hipotético proceso judicial, mientras que las acusaciones policiales contra ciudadanos se tramitan con rapidez, sin cuestionar la versión oficial y si el caso es mediático condenando públicamente y sin paliativos los hechos.

La ausencia de un mecanismo de control externo e independiente agrava esta situación. Herramientas como las cámaras corporales, que podrían ser útiles, pierden eficacia cuando los agentes tienen la potestad de decidir cuándo grabar y cuándo no, lo que facilita el uso sesgado de las mismas. Esta falta de transparencia contrasta con la necesidad de un sistema que garantice investigaciones imparciales y sanciones proporcionales. El caso de Romo no debe quedar en una mera anécdota; debe ser el punto de inflexión para exigir justicia y transparencia.