AKTUALITATEA

| 2022-06-29 11:28:00

EH Bildu ha trasladado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en la Diputación Foral de Álava una propuesta de declaración institucional sobre la masacre ocurrida en Melilla en la madrugada del pasado 25 de junio. En dicha matanza sucedida en las inmediaciones de la valla de Melilla y según el balance provisional, 37 personas han fallecido y muchas más han resultado heridas de gravedad. Este grave episodio es la trágica expresión del fracaso de las políticas migratorias del Gobierno español, que fuentes independientes, cifran en 2.126 las personas fallecidas en 2021 en la ruta migratoria hacia el Estado español (24% más que en 2020).

Así, EH Bildu instará al Ayuntamiento y a la Diputación a denunciar la masacre ocurrida en la madrugada del 25 de junio en las inmediaciones de la valla de Melilla así como la brutal violencia ejercida por policías de España y Marruecos. En la misma línea, considera que se debe solicitar la realización de una investigación independiente para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades políticas y penales y canalizar las medidas de reparación que correspondan a las víctimas.

De ese modo, instará también a las corporaciones a solicitar la recuperación, identificación y repatriación a sus países de origen de los cuerpos de las personas fallecidas, respetando los deseos de las familias. Finalmente, la propuesta declaración prevé que Ayuntamiento y Diputación no sólo lamenten la actual migración política del Estado español, sino que reclamen la apertura de cauces legales seguros que garanticen la dignidad de todos los migrantes y el respeto de los Derechos Humanos.

Y es que no se puede obviar la nefasta actitud expresada por el presidente del Gobierno español tras los sucesos de Melilla: por un lado, ha radicalizado su discurso antiinmigración y ha justificado las actuaciones policiales mortales a ambos lados de la frontera, considerando su actividad como una operación perfectamente resuelta; por otro lado, lamentablemente siguen aplicando, al igual que los gobierno españoles previos, políticas migratorias represivas contra los derechos humanos (Ley de Extranjería, CIES, militarización de la frontera sur, expulsiones en caliente...); por último, y tras romper unilateralmente el consenso político existente para la solución democrática del histórico asunto de la ocupación del Sáhara Occidental y saltarse las resoluciones de Naciones Unidas, los acuerdos firmados han llevado a delegar en el Reino de Marruecos la vigilancia de sus fronteras con dramáticas consecuencias en la madrugada del 25 de junio.

Por tanto, debemos señalar que la responsabilidad de estas muertes recae sobre las crueles e inhumanas políticas migratorias de cierre de fronteras. Estas políticas no son eficaces para el objetivo de controlar la inmigración, sino que además generan mucho sufrimiento a las personas migrantes y vulneran permanentemente sus Derechos Humanos. A través de estas políticas, el Estado español prioriza su integridad territorial frente al derecho de los migrantes a transitar libremente y recibir una acogida digna e integral. El mismo argumento utiliza también para negar la apertura de corredores humanitarios en la frontera entre Irun y Hendaia que evitarían tragedias en el río Bidasoa, anteponiendo así las fronteras a las personas.