AKTUALITATEA

| 2020-01-24

El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso han registrado conjuntamente una Proposición no de Ley para solicitar a la Cámara Baja la derogación del llamado ‘Decretazo Digital’, aprobado el 31 de octubre, por el que el Gobierno español podrá asumir directamente los servicios de comunicación digitales, Internet, sin orden judicial alguna, “cuando el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional estén en peligro”.

EH Bildu y ERC creen que el objetivo final de dicho decreto es “controlar Internet”, sin tener que contar con una autorización judicial, por lo que consideran “ineludible” su derogación. En opinión de las formaciones soberanistas el ‘Decretazo Digital’ es “una clara amenaza y un ataque frontal” contra libertades fundamentales y derechos básicos recogidos en el derecho internacional —expresión, opinión, participación política…— similar a la que tienen países “con sistemas no democráticos o en democracias no consolidadas”.

Del mismo modo, EH Bildu y ERC advierten de “una nueva invasión de competencial” y recuerdan que las autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca y de Catalunya ya han anunciado su intención de presentar iniciativas judiciales y políticas contra el ‘Decretazo Digital’ para defender la capacidad de autogobierno de sus instituciones y atender a los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría del Parlamento Vasco y del Parlament de Catalunya.

Consciente de que la ‘Mordaza Digital’ faculta al Gobierno español para coartar las comunicaciones digitales y cerrar espacios web sin orden judicial para ello, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, denuncia que mediante este decretazo el Gobierno español ha querido “cubrir una laguna” de la Ley de Seguridad Nacional en lo relativo a las nuevas tecnologías. Iñarritu señala las similitudes con otras medidas aplicadas anteriormente por los Gobiernos de España: “El artículo 155 de la Constitución Española da al Gobierno la posibilidad de tomar bajo su control las instituciones de las comunidades autónomas. La Ley de Seguridad Nacional tiene el mismo objetivo, pero el Gobierno la puede aplicar con más facilidad”.