AKTUALITATEA

Economia | 2025-07-20

El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales. Los alojamientos o viviendas de uso turístico se han convertido en un fenómeno incontrolado en expansión que afecta directamente al derecho de acceso a la vivienda de la ciudadanía, a la gentrificación de los barrios y ciudades, a la expulsión de los vecinos y vecinas y al aumento del turismo masivo y sus nefastas consecuencias en las condiciones de vida de la ciudadanía. 

Un sector, el del alquiler turístico, que sortea las regulaciones y que en su mayor parte se sustenta sobre alojamientos ilegales que carecen de licencia alguna para este uso. Precisamente, la ley registrada este lunes por EH Bildu pretende acabar de manera eficaz y definitiva con esta situación, estableciendo también sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. 

Hasta ahora, los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas con recursos limitados se encontraban con muchos problemas para hacer frente a esta situación: por falta de recursos en algunos casos; y por una permisividad manifiesta en otros. Esto sumado a las personas arrendadoras que aprovechan esta incapacidad y permisividad para seguir anunciando y contratando alojamientos sin licencia, ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos haya proliferado sin control. 

Obligadas a impedir su publicación

Con esta Ley las CCAA y los ayuntamientos seguirán estableciendo sus normativas y condiciones sobre los pisos turísticos y sus arrendadores, pero ahora también las plataformas digitales serán legalmente responsables de que los alojamientos anunciados cuenten con registro o licencia válida, de acuerdo con la normativa autonómica o municipal correspondiente. De esta forma, dejará de depender de su voluntad la retirada de anuncios ilegales: estarán obligadas a impedir su publicación desde el inicio.

Hasta ahora los anuncios irregulares solo se retiraban tras complejos procesos judiciales, largos y sin garantías, o mediante peticiones voluntarias a estas empresas, dejándolo a voluntad de las mismas. Con la ley que propone EH Bildu, ya no será necesario solicitar su retirada, porque directamente no podrán anunciarse si no cumplen con los requisitos legales. El grupo soberanista vasco considera que esta es la forma más rápida y efectiva de terminar con los alojamientos ilegales y asegurar que no vuelvan a ponerse en el mercado.

Fuerte régimen sancionador

Esta nueva normativa legal se sustentará en herramientas y mecanismos recogidos en el ordenamiento jurídico estatal y europeo como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos, el Reglamento UE sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, o los marcos normativos sobre publicidad. Se contempla, además, un fuerte régimen sancionador sobre las empresas que incumplan los requisitos y preceptos de la Ley, como la publicación de alojamientos ilegales y su contratación e incluyendo casos de uso de registros falsos u ocultación de la identidad jurídica de los arrendadores.

Actualmente el porcentaje de pisos turísticos ilegales o sin licencia es preocupantemente elevado. En Hego Euskal Herria se calcula que los alojamientos sin licencia son el 30%. En otras ciudades y comunidades del Estado español estos porcentajes superan el 60%. Con la aplicación de esta Ley, EH Bildu considera que se podría reducir drásticamente e incluso acabar con este parque ilegal de alojamientos que es un negocio descontrolado con efectos negativos para la ciudadanía.

Aliviar parcialmente la crisis habitacional

Para EH Bildu enfrentar la emergencia habitacional actual es una prioridad máxima. Por eso, enfrentar la realidad de los alojamientos turísticos ilegales podría suponer acabar con una de las importantes causas que generan esta crisis multifactorial. 

EH Bildu cree que con la aplicación de esta ley, junto a los mecanismos y decisiones de ayuntamientos y comunidades autónomas, se podría aliviar parcialmente la crisis habitacional: promoviendo que los alojamientos turísticos vuelvan al parque de alquileres habituales, aumentando la oferta de alquiler y reduciendo la oferta turística, acabando con el negocio turístico ilegal, lo que supondría una mejora y beneficio para los millones de personas que sufren la crisis de vivienda y no ven respetado su derecho a una vivienda digna.