Tras la alarma causada por Ferrovial con el traslado de su sede fiscal a Países Bajos, el fenómeno de la deslocalización de empresas ha vuelto al centro de la agenda política y mediática y ha vuelto a quedar de manifiesto la necesidad de articular medidas desde la política para obstaculizar ese tipo de movimientos empresariales. En este contexto EH Bildu ha registrado hoy en el Parlamento una proposición de ley que tiene como objetivo dificultar las deslocalizaciones de empresas que de esa manera solo buscan rebajar sus costes de producción o simplemente pagar menos impuestos.
En concreto, la iniciativa legislativa que ha presentado Iker Casanova plantea que en esos casos las empresas estén obligadas a devolver todas las ayudas que las administraciones públicas vascas les hayan concedido en los últimos diez años. “Desde la política estamos obligados a activar instrumentos que dificulten ese tipo de maniobras que buscan solo el beneficio de las empresas y que causan un perjuicio a sus trabajadoras y trabajadores y a los lugares donde están asentadas. Estamos de acuerdo con dar ayudas a las empresas para algunas cuestiones, pero esas ayudas deben conllevar una serie de compromisos por parte de las empresas, como el arraigo y la permanencia en el territorio, entre otros”.
La propuesta de EH Bildu se basa en una norma foral que está en vigor en Bizkaia, por lo que no cabe duda de que es legal y posible, así como efectiva, puesto que, tal y como ha señalado Casanova, en Bizkaia ha servido en algunos casos para recuperar ayudas otorgadas con anterioridad y también para neutralizar los planes de deslocalización de alguna compañía.
Casanova ha recordado asimismo que esta no es la primera vez que EH Bildu propone en el Parlamento una ley contra las deslocalizaciones, puesto que en 2019 ya planteó una ley muy similar a la registrada hoy. PNV y PSE no la admitieron entonces a trámite, pero Casanova confía en que ahora la respuesta sea diferente porque “es una ley oportuna y sería incomprensible que se negaran a tramitarla”.