AKTUALITATEA

| 2020-05-11

La crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión. En ese contexto, importantes organismos internacionales urgen a adoptar medidas específicas sobre las cárceles. Tal es el caso de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, además de organismos y asociaciones de defensa de los Derechos humanos del Estado.

Todas ellas inciden en la necesidad de adoptar alternativas a la privación de libertad, incluida la excarcelación de personas presas, así como garantizar la atención médica adecuada a las necesidades específicas, sobre todo a grupos vulnerables o de riesgo: grupos de edad avanzada y grupos con patologías previas.

Somos conocedores de que se han anunciado por parte del Ministerio de Interior medidas dirigidas a parar los contagios y evitar la propagación del virus, de cuya necesidad y oportunidad nadie duda. Sin embargo, los impulsores de esta iniciativa consideramos que es absolutamente prioritaria la adopción de medidas más exigentes para que las personas presas puedan permanecer en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara.

Por todo ello, los grupos políticos firmantes de este manifiesto, solicitamos al Gobierno español que adopte las siguientes medidas:

1. En el uso de sus facultades, dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le otorga y siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, adopte las oportunas medidas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presenten especial vulnerabilidad ante el COVID-19, concretamente internos/as que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad -mayores de 65 años-, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia.
    
2. Asimismo, adopte medidas, sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito, para la excarcelación de personas presas que hayan cumplido las ¾ partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo, para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad.
    
3. Asimismo, se garanticen la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior para generalizar medidas de protección, examen de síntomas preventivo y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivando inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por enfermedad de COVID-19.
    
4. Mientras dure la crisis sanitaria, se garantice el derecho a la información a las personas presas, ofreciendo conocimiento actualizado y accesible del desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas, a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación. Asimismo, se extienda la comunicación no presencial entre internos y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas, y ampliándose el recurso a las videollamadas más allá de las actuales restricciones limitadas a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar.
    
5. Por último, solicitamos al gobierno que, cuando se comience la desescalada, se tenga igualmente en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados. En ese sentido, se deben dar los pasos necesarios para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos. Un acercamiento geográfico de las personas presas a sus familias para el que se hace necesario retomar las conducciones con medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes y, un acercamiento que  debiera iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos menores.

Madrid, 11 de mayo de 2020
 

Jaume Asens – Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Gabriel Rufián – Esquerra Republicana, Laura Borràs – Junts per Catalunya, Aitor Esteban – EAJ-PNV, Mertxe Aizpurua – Euskal Herria Bildu, Iñigo Errejón – Más País, Mireia Vehí – CUP, Joan Baldoví – Compromís, Néstor Rego – BNG.