AKTUALITATEA

| 2025-05-26 11:28:00

EH Bildu, a través de su portavoz Rocio Vitero, ha denunciado que el Ayuntamiento va a dejar de ingresar 1.129.741,77 euros que la empresa JCDECAUX (antes CEMUSA) debía al consistorio por el canon de publicidad en las marquesinas de autobuses. Y es que una sentencia del Tribunal Supremo asegura que tras la rescisión del contrato en 2008 por parte del Ayuntamiento, toda actividad realizada posteriormente está “al margen de la legalidad aplicable” y que por tanto el Ayuntamiento no puede reclamar esa cuantía.

Pero el problema alcanza una dimensión mayor, y es que, tal y como ha señalado Vitero, «a pesar de la rescisión del contrato en 2008, la empresa continuó realizando labores de mantenimiento y labores del mobiliario, a requerimiento del propio Ayuntamiento y, por tanto, con su pleno consentimiento y conocimiento hasta el año 2020. 12 años en los que todo ha seguido igual a pesar de no haber un contrato en regla. Esto supone que la empresa no está pagando al Ayuntamiento por el beneficio que obtiene en publicidad y que además, por el mal hacer del equipo de gobierno no será reclamable, ya que el contrato se ha mantenido al margen de la legalidad aplicable».

El recorrido de este conflicto nace en 2008, cuando el Ayuntamiento decidió resolver el contrato con la empresa y un año después, le pide a la entonces CEMUSA que aporte dinero a las arcas públicas por los daños generados. Ante eso, la empresa responde que los daños que ellos sufren al suspender este contrato es de 6.933.200 millones de euros. «¿y que ocurre? Que durante 12 años, desde el año 2008 al 2020 CEMUSA y el Ayuntamiento siguen trabajando de modo conjunto, realizando las mismas actividades pero sin tener un contrato que los relacione. 12 años en los que el Ayuntamiento no licita un nuevo contrato y continúa con una relación con la empresa en base a un contrato suspendido y, por lo tanto, sin regular», señala Vitero.

La sentencia recoge: “se ha producido una continuidad material del contrato, a pesar de haber sido resuelto formalmente en el año 2008, sin que la situación de irregularidad jurídica para las partes no deban tener en cuenta la liquidación del contrato y las actuación reciprocas”. Y cita también: “Desde el momento en que se produjo la resolución anticipada del Contrato desapareció el titulo que […] legalmente habilitaba al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a exigir el abono del canon del Contrato”.

«Es un despropósito lo sucedido con este asunto», ha asegurado Vitero, quien además ha añadido que el equipo de gobierno ha ocultado la información que tenía y ha eludido su responsabilidad: «El entonces concejal de Hacienda del PNV, Iñaki Gurtubai, sabía por una sentencia del año 2022 que, por la mala gestión del equipo de gobierno, no íbamos a cobrar un euro de ese canon y que no contábamos con un contrato con la empresa durante una década. Y, a pesar del cambio de gobierno, los socios del mismo han decidido seguir ocultando el asunto».

Dada la gravedad del asunto, EH Bildu trasladará este tema a la comisión de Hacienda del próximo miércoles 28 de mayo.