AKTUALITATEA

| 2022-03-07 13:58:00

EH Bildu ha presentado hoy 133 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Empleo Público y, entre otros, establece el objetivo de bajar la tasa de temporalidad de la Administración, que hoy ronda el 40%, hasta situarla por debajo del 8%, ya que, tal y como subraya Pazis García, “la estabilidad y la suficiencia de recursos deben ser principios básicos del empleo público para garantizar la calidad de los servicios públicos”.

En cuanto al tratamiento del euskera, la parlamentaria de EH Bildu ve indispensable que la Ley de Empleo Público garantice el derecho de la ciudadanía a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales, algo que requerirá aprobar herramientas para la planificación lingüística a fin de que en los espacios donde hoy hay carencias el euskera se convierta en lengua para trabaja y relacionarse. En este sentido, la coalición independentista aboga por que en las ofertas públicas de empleo se abra la vía a pedir unos conocimientos mínimos de euskera también en las plazas que carecen de un perfil lingüístico preceptivo para que sean valorados como mérito en los casos en que así lo prevean los instrumentos de planificación lingüística.

Las enmiendas de EH Bildu eliminan la nacionalidad como requisito para acceder a un trabajo en la Administración Pública porque “la nacionalidad ­–subraya García– no puede justificar la exclusión del empleo público”. Para trabajar en la Función Pública hoy hace falta tener la ciudadanía de un estado de la UE o estar en posesión de la nacionalidad española; con la propuesta de EH Bildu no sería necesaria la nacionalidad y bastaría con tener la residencia legal en Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.

La coalición fija también como objetivo de la ley poner límites a la subcontratación y privatización de servicios públicos y propone que la ley deje clara la apuesta por cubrir los servicios públicos con empleo público.

Las enmiendas atienden asimismo a la realidad y los derechos de las personas con discapacidad. Según Pazis García, “la ley debe recoger un compromiso claro porque las administraciones públicas tienen una responsabilidad y deben ser un modelo para la inclusión laboral de esas personas. Por ejemplo, tienen que garantizar que en sus plantillas y en las ofertas públicas de empleo se cumplen los cupos reservados para personas con discapacidad”.