AKTUALITATEA

| 2022-03-09 13:54:00

EH Bildu ha propuesto en el Parlamento medidas inmediatas para compensar el encarecimiento excepcional de la factura del gas que están sufriendo muchas familias de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia y poner fin a esta situación extraordinaria. Según explica Mikel Otero, “aprobada por el Gobierno español, el pasado mes de octubre entró en vigor la nueva regulación de la tarifa de último recurso de gas natural, que limita el acceso a esta tarifa a los consumos inferiores a 50.000 KWh anuales, con lo cual lo que ha hecho el Gobierno PSOE-Podemos ha sido dejar fuera del mercado regulado las viviendas con calderas comunitarias, ya que la nueva normativa las considera grandes consumidoras de energía; es decir, las equipara a empresas que hacen uso intensivo de recursos energéticos y no tiene en cuenta que esas calderas comunitarias son infraestructuras para la prestación compartida del servicio de gas a un grupo de viviendas y familias”.

La consecuencia de este cambio normativo es grave y evidente: las facturas de gas remitidas a las familias usuarias de calderas comunitarias se han encarecido hasta el punto de que facturas de 400, 500 e incluso más euros están siendo habituales. Consciente del perjuicio económico que este aumento del precio está ocasionando a muchas familias, EH Bildu ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno vasco haga un estudio urgente sobre esta situación extraordinaria y que, mientras se normalizan las cosas, cree y pague un bono de compensación a las familias afectadas, en función de su renta, con efecto retroactivo desde el 1 de octubre de 2021.

La propuesta de EH Bildu también interpela al Gobierno español para que revise la normativa sobre la tarifa de último recurso del gas natural a fin de que las calderas comunitarias que dan servicio a comunidades de vecinos se incorporen al mercado regulado. Y es que, advierte Otero, “el hecho de que viviendas con caldera comunitaria que consumen más de 50.000 KWh anuales hayan sido excluidas de la tarifa de último recurso ha supuesto un grave perjuicio económico que no tiene ninguna justificación. En muchos casos estamos hablando de viviendas de protección oficial, donde ha sido habitual instalar calderas comunitarias en las dos últimas décadas. Y por si fuera poco, la diferenciación con respecto a viviendas y familias con sistema de caldera individual, que sí pueden acogerse a las tarifas reguladas, supone un agravio comparativo que tampoco tiene justificación”.