EH Bildu ha denunciado hoy que 981 viviendas que en su día fueron de Vitalquiler, hayan acabado en manos de fondos de inversión o inmobiliarias que ponen en riesgo las condiciones de las personas inquilinas. Y es que se trata de viviendas promovidas en su día por Vitalquiler, a quien se le dieron cerca de 28 millones de euros para que las gestionara y garantizara el alquiler asequible de las mismas, durante 10 ó 15 años, según el caso.
Aproximadamente, 20 años después de aquella operación, lo cierto es que todo ese patrimonio es propiedad, o bien del fondo de inversión Catella que sólo garantizan las condiciones del alquiler hasta 2033, o bien de la promotora Adania, donde las viviendas están perdiendo la calificación de protegidas.
De las citadas 981 viviendas, 489 fueron vendidas por Vitalquiler al fondo de inversión Catella en marzo de 2020. Se trata de viviendas con calificación permanente, que solo garantizan las condiciones de los alquileres hasta el año 2033, a partir de esa fecha se podrían vender o cambiar las condiciones. Son viviendas a las que el Gobierno Vasco les dio más de 12 millones de euros en ayudas y cuya venta contó con el visto bueno del Gobierno Vasco, que no ejerció su derecho de tanteo y retracto. Una venta que se cerró finalmente por 51 millones de euros, es decir, cada vivienda se vendió por alrededor de 105.000€, casi la mitad del precio pagado por Gobierno Vasco por las viviendas de Donostia.
Las 492 viviendas restantes son propiedad de la promotora Adania, que las adquirió tras la salida de Kutxabank del accionariado de Vitalquiler. Viviendas que también recibieron casi 16 millones de euros en ayudas de Gobierno Vasco y que han perdido, en su mayoría, la calificación de protegidas, lo que ha supuesto ya subidas abusivas en sus alquileres. Quedan únicamente dos bloques (100 viviendas en total) que no han perdido aún dicha calificación, pero que lo harán entre este mes de noviembre y febrero de 2027.
El concejal de Euskal Herria Bildu Xabier Ruiz de Larramendi ha asegurado que estamos ante una perdida de patrimonio «injustificable». Más aún cuando conocemos que, recientemente, el Gobierno Vasco ha comprado 510 viviendas a un fondo buitre en Donosti para que no perdiesen la calificación de protegidas. «Es una buena noticia que la administración intervenga, en el caso de Donostia, para ir sacando a los fondos buitre de nuestro parque de vivienda. Porque garantiza tanto las condiciones y la permanencia los alquileres de todas las personas que viven en esas viviendas como garantizar que esas viviendas no pierden la calificación de protegidas». Una actuación que podría haberse replicado en Gasteiz pero que el gobierno de PSE-PNV no ha realizado.
Es por ello que el propio concejal ha reclamado que se den las explicaciones oportunas: «¿Por qué mientras en Donostia el Gobierno Vasco recompra vivienda protegida, en Gasteiz ha hecho lo contrario? ¿es porque el Gobierno Municipal ni siquiera se ha interesado por el tema o porque el Gobierno Vasco se ha negado a intervenir? Queremos saber si en todos estos años el gobierno municipal se ha puesto en contacto con el señor Itxaso o si ha estado mirando para otro lado».
Ruiz de Larramendi ha señalado que exigirán estas aclaraciones al gobierno municipal en la próxima comisión de Urbanismo, donde, además, pedirán que se aclare qué medidas se van a tomar para garantizar las condiciones de los alquileres de las miles de personas que viven en estas 981 viviendas, que ya están padeciendo subidas abusivas en los alquileres.