AKTUALITATEA


| 2019-07-09 14:35:00

La Comisión Arbitral ha abierto la puerta a la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción propuesta por EH Bildu en el Parlamento y a continuar, por tanto, la tramitación de su proposición de ley una vez sean modificados algunos artículos. El Pleno de la Cámara admitió a trámite la iniciativa de la coalición abertzale en diciembre de 2018, pero las diputaciones forales lograron paralizar su tramitación en febrero con la interposición de sendos recursos en la Comisión Arbitral alegando invasión de competencias. Larraitz Ugarte reprochó entonces al PNV que utilizase las diputaciones para impedir la creación de la Oficina Anticorrupción y ahora es la Comisión Arbitral la que dictamina que, modificando un pequeño número de artículos, no hay obstáculo legal que impida tramitar la propuesta de EH Bildu, una decisión que deberá tomar el Pleno del Parlamento.
Ugarte valora por ello la decisión de la Comisión Arbitral porque “deja claro es posible y es legal crear una Oficina Anticorrupción para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y, en consecuencia, hoy estamos más cerca de ese escenario”. La parlamentaria de EH Bildu destaca asimismo el amplio consenso político y social en contra de la corrupción, un consenso que, según recuerda, “fue patente en el mismo Parlamento cuando todos los grupos menos el PP apoyamos la toma en consideración de la proposición de ley de creación de esa Oficina Anticorrupción”. En la misma línea, Ugarte subraya que en el proceso seguido en la Comisión Arbitral “el Gobierno vasco se ha alineado con EH Bildu en contra de las alegaciones de las diputaciones, lo cual es una muestra más de ese gran consenso social y político”.
Según el dictamen de la Comisión Arbitral, algunos artículos de la proposición de ley original deberán ser modificados o sustituidos para no invadir competencias forales, pero la parlamentaria de EH Bildu resta importancia a ese aspecto porque, a su juicio, “no desnaturaliza la esencia de nuestra propuesta”. Al respecto aclara que “la proposición de ley tiene 53 artículos y seis disposiciones y la Comisión Arbitral advierte de que siete de ellos solamente pueden colisionar con las competencias de las diputaciones; por consiguiente, aunque será necesario ajustar esos artículos, no estamos hablando de un problema irresoluble, sino todo lo contrario. Si hay voluntad política, las relaciones de las diputaciones con la Oficina Anticorrupción se podrán encauzar fácilmente mediante convenios y fórmulas interinstitucionales igual que está previsto hacer con las administraciones locales”.