AKTUALITATEA

| 2019-07-18 11:52:00

Este 18 de julio se cumplen 83 años del golpe militar liderado por el General Franco contra la legalidad republicana establecida. Dicha sublevación militar derivó en una guerra y, posteriormente, en una trágica dictadura que se prolongaría durante cuatro largas décadas. Durante ese tiempo, miles de personas fueron represaliadas por motivos ideológicos, políticos, religiosos o por su orientación afectivo-sexual o identidad de género.

Todavía hoy es imposible completar la fotografía de la represión en todo el estado, ni tampoco en Araba. Según un informe reciente elaborado por Gogora, solo entre 1936 y 1945 Araba fue testigo de 60 personas muertas en bombardeos, 198 ejecuciones extrajudiciales, 30 ejecuciones sumarísimas y 289 muertes en prisión. Todas estas personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. A ellas hay que sumar otros 593 milicianos y muertos en combate. Todo ello sin olvidar a las miles de personas que sufrieron las otras caras de la represión: incautaciones, cárcel, torturas, batallones de trabajo…

83 años después no hemos completado la fotografía de la represión en Araba. Pero lo que es más grave aún, 83 años después observamos con angustia como fuerzas de la ultraderecha renacen de las cenizas para abanderar actitudes y valores antidemocráticos, machistas, homófobos… el auge de la ultraderecha ha traído consigo además una derechización de otras formaciones.

Pero la lucha contra la impunidad continúa. Gasteiz fue la primera ciudad del Estado español en declarar a Martin Villa persona non grata y sumarse a la iniciativa Juicio a Martin Villa para juzgar a Martin Villa por crímenes de lesa humanidad. Es además una de las 22 personas imputadas por la Jueza Servini en la querella Argentina precisamente por la masacre del 3 de marzo de 1976. Respaldamos las iniciativas abiertas fuera del Estado español pero insistimos en la necesidad de presentar querellas en los juzgados locales contra la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Por ello, exigimos al Gobierno de la Diputación Foral de Araba que cumpla con la palabra dada y, en cumplimiento de la moción aprobada en las Juntas Generales de Araba, presente una querella en base a los 146 testimonios recogidos en la Oficina de Víctimas del Franquismo.

Apoyamos la Iniciativa Legislativa Popular para elaborar en el Parlamento vasco una Ley de Memoria Histórica y aplaudimos el valor de las víctimas de la tortura que han llevado a los juzgados de Gipuzkoa las denuncias contra el capitán Muñecas, así como que un juzgado de instrucción en Madrid haya admitido a trámite una querella criminal por delitos de torturas  en un contexto de crímenes contra la humanidad dirigida, entre otros, contra Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Pero el poder judicial español no ha roto amarras aún con la dictadura y el Tribunal Supremo ha paralizado la exhumación de los restos de Franco del Valle de Los Caídos.

Mención aparte merece la jerarquía de la Iglesia católica. Ahora que se cumplen 50 años de la inauguración de la Catedral Nueva de Gasteiz con Franco bajo palio, el nuncio del Vaticano se ha despedido de su cargo asegurando que sacar los restos de Franco del Valle de Los Caídos es resucitarlo. Esa es la diplomacia vaticana.

Por todo ello, 83 años después debemos seguir reclamado verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, así como  garantías de no repetición.

• Verdad sobre la el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, requiere que se destinen los recursos públicos necesarios para recuperar la memoria histórica de la represión.

• Justicia es sinónimo de querellas en los juzgados locales contra la dictadura por crímenes de lesa humanidad como ya han hecho Iruña, Elgeta, Bergara, Durango o Eibar. Justicia es también sinónimo de nulidad de todos los juicios celebrados durante la dictadura.

• Reparación para todas las víctimas, independientemente de quién sea su victimario o qué tipo de vulneración haya sufrido exige que todas esas personas represaliadas sean reconocidas y reparadas y que para ello se destinen recursos públicos a la identificación genética de las personas desaparecidas para poder enterrarlos dignamente.

• Garantías de no repetición para que no se vuelvan a repetir aquellos hechos que dieron lugar a vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos.

Por eso, 83 años después quienes suscribimos este manifiesto nos reafirmamos en los valores que representaba aquella voluntad republicana fruto de la colaboración entre diferentes y el impulso popular. Queremos recoger el testigo de quienes comenzaron la construcción de una sociedad más justa que la sublevación militar y la dictadura truncaron. Soñaron por la libertad, sentaron las bases de una sociedad que abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres, por la enseñanza pública, por la paz, por el futuro de las personas trabajadoras, por los derechos sociales, por el bien común, por la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, por la solidaridad… Aquellos valores siguen hoy vigentes. Por ello, 83 años después hacemos un llamamiento a la ciudadanía a implicarse de manera activa en la construcción de un futuro mejor para todos y todas, una Araba más justa, sostenible, solidaria, diversa y feminista. Porque no solo es posible sino que es, además, necesario.