EH Bildu Araba y Gasteiz han comparecido de manera conjunta para mostrar su preocupación en materia de residencias para personas mayores, y sobre la dejación de funciones que se está haciendo tanto desde la DFA como desde el Ayuntamiento de Gasteiz.
La procuradora Claudia Venceslao ha recordado que el Diputado Foral de Políticas Sociales, el pasado 11 de octubre, aludió a la creación de 150 plazas residenciales en el Complejo Arabarren, según informó el Gobierno Foral estima que en 2022, esté finalizada dicha residencia.
“Corremos el riesgo de pasar otra legisltaura más en blanco. Llevaríamos tres legislaturas sin la implementación de plazas públicas, un hecho que nos preocupa muchísimo ya que las listas de espera van en aumento sin que la Diputación Foral tome medidas al respecto”, apunta Venceslao.
Fruto de los acuerdos presupuestarios de EH Bildu y el Gobierno Foral en el 2016 y 2017, la Diputación Foral elaboró un informe para la reforma de las plantas 1ª y 2ª de la Residencia CIAM “San Prudencio”, posibilitando la implementación de 50 a 70 plazas residenciales. Sin embargo, y a día de hoy, continúan sin destinarse a su uso originario dado que permanecen ocupadas por las oficinas sindicales del personal del Ayuntamiento, los vestuarios del personal externo de limpieza y de servicio de mantenimiento del propio Ayuntamiento que están allí ubicados.
“Exigimos al Gobierno Foral que retome el proyecto que posibilite la creación plazas públicas en 2020”. Por ello, EH Bildu ha registrado una moción instando a la Diputación Foral a retomar el estudio para paliar esta carencia en la atención a personas mayores. “Es una prioridad el impulso de lo público frente a lo privado”.
La dejadez del Ayuntamiento de Gasteiz, cómplice directa
EH Bildu Gasteiz, ante la modificación del PGOU que plantea el consistorio gasteiztarra votará en contra, ya que recoge el cambio de uso terciario que, según apunta el Ayuntamiento, “no altera los usos compatibles, sino que modifica las condiciones de compatibilidad”. Sin embargo EH Bildu considera que no es más que una maniobra para implantar residencias privadas en parcelas que, hasta la fecha, estaban destinadas tan sólo a uso de la Administración Pública.
“Además, nos plantean la posibilidad de prestaciones de servicio asistenciales por iniciativa privada para atender así una demanda creciente cuando es responsabilidad de las administración crear este tipo de servicios. Es un criterio de conveniencia y oportunidad”, denuncia Vitero.
Ante esta situación, Vitero ha querido realizar varias preguntas que todavía siguen sin respuesta: “¿Conveniencia y oportunidad para quien? ¿Para mejorar la calidad de vida y el acceso a derechos de nuestros mayores o para la iniciativa privada? ¿Para grandes empresas que quieren buscar un negocio en el cuidado de las personas mayores?”
En este sentido, ha recordado que disponemos de una herramienta de prevención de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV desde 2015. La OMS define así un maltrato a mayores: La acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que causa daño angustia a una persona mayores y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. “¿Nuestra no gestión de recursos adecuados puede considerarse una situación de no buen trato?”, se ha vuelto a preguntar.
“EH Bildu denunciará todo tipo de medidas abocadas a la privatización de la responsabilidad pública y a la busqueda de lucro económico de entidades privadas frente al bienestar de las personas mayores”, ha sentenciado.