AKTUALITATEA

| 2023-02-07 13:24:00

EH Bildu ha propuesto tres veces en el Parlamento de Gasteiz crear por ley una Oficina Anticorrupción, igual que la Cámara de Nafarroa hizo el año pasado, pero el Gobierno de Urkullu ha anunciado hoy su oposición a dicha iniciativa. Su respuesta pone una vez más de manifiesto que la lucha contra la corrupción no está entre sus prioridades, a pesar de que el caso De Miguel, sin ir más lejos, ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit de medios para acabar con ese tipo de prácticas.

Tal y como ha explicado Josu Estarrona, la constatación de que en la lucha contra las prácticas corruptas e irregulares faltan recursos es lo que está en el origen y la base de la propuesta legislativa de EH Bildu. “Las instituciones que trabajan en ese ámbito denuncian de forma permanente la falta de medios para detectar e investigar la corrupción, y eso es lo que desde EH Bildu queremos cambiar con nuestra iniciativa. Si queremos vivir en un país decente, tenemos que disponer de mecanismos suficientes para que ni la corrupción ni las malas prácticas tengan sitio. Hacen falta herramientas para garantizar que en el futuro no haya más casos De Miguel. Eso es lo que proponemos y pedimos. Al rebufo de la sentencia de ese caso todos los partidos, también PNV y PSE, han hecho declaraciones grandilocuentes en contra de la corrupción, pero, cuando hay que pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas, lo que demuestran PNV y PSE es que no quieren asumir compromisos de verdad. Su oposición a crear la oficina propuesta por EH Bildu es prueba de ello. Bloquean cada iniciativa que plantea avances hacia la desaparición de las prácticas corruptas, y eso nos parece muy preocupante”.

Estarrona considera sorprendente por lo que tiene de contradicción que los mismos partidos que en Nafarroa han avalado la creación de la Oficina Anticorrupción propuesta por EH Bildu se posicionen en contra en la CAV, “cuando estamos hablando de algo que sería un importante paso adelante en la lucha contra esas prácticas, para detectarlas, investigarlas y sancionarlas, ya que ese organismo actuaría sobre todas las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, desde el Gobierno de Lakua hasta el último ayuntamiento, y también sobre las empresas y personas que tengan alguna relación económica con la Administración.