AKTUALITATEA

| 2022-06-07 09:18:00

EH Bildu y Elkarrekin Vitoria-Gasteiz han registrado conjuntamente la solicitud de comparencia del concejal de movilidad y espacio público Raimundo Ruiz de Escudero. El motivo de la solicitud pasa por la necesidad existente de que el concejal aporte explicaciones sobre el procedimiento del nuevo Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Y es que, lo cierto es que el gabinete de Urtaran ha aprobado, de manera inicial, el nuevo Plan sin haber contado con la participación ciudadana ni la de los grupos políticos, y saltándose así el procedimieto, ya que ni siquiera ha respondido las aportaciones de los grupos.

Desde que en 2019 se presentó el avance del nuevo plan, y tras las aportaciones ciudadanas y de grupos políticos, no ha vuelto a haber noticias del plan. Durante dos años el Plan ha estado «guardado en un cajón», y sólo han sacado a la luz actuaciones puntuales que responden al interés del gobierno. Ahora el gabinete Urtaran ha aprobado, de manera inicial, el nuevo Plan pero sin haber respondido ni a la ciudadanía ni a los grupos políticos. El gobierno de Urtaran no ha compartido el plan y no ha informado del proceso de redacción del mismo a los agentes políticos y sociales, a pesar de la multitud de ocasiones en las que se le ha preguntado al respecto. Esa situación evidencia el poco interés que tiene el gobierno en recuperar consensos en materia de movilidad, que ya existieron en el pasado y que Urtaran rompió.

La concejala de EH Bildu Amancay Villalba ha denunciado que «se ha redactado un nuevo plan sin haber respondido a las aportaciones de los grupos, que llevamos dos años esperando la respuesta. Se nos ha informado de ello después de enviarlo a Gobierno Vasco para su tramitación ambiental, con lo que el margen para hacer aportaciones es nulo».

Asimismo, el concejal de Elkarrekin Podemos Oskar Fernández ha asegurado que «después de que este plan de movilidad haya estado paralizado en un cajón durante años, ahora el Gobierno de Urtaran tiene muchas prisas por aprobar el documento. Se ve apremiado por el imperativo legal», ha remarcado Fernández, en referencia a la Ley de Sostenibilidad Energética, que contempla que aquellos municipios de más de 5.000 habitantes deberán contar con un plan de movilidad urbana en el plazo de dos años desde la aprobación de la normativa en el pasado 2019.