AKTUALITATEA

| 2022-05-09 12:11:00

Después de meses de iniciativas y propuestas ciudadanas e institucionales para revertir la situación de las personas en situación de calle (la mayoría rechazadas por el Gobierno Municipal) ahora nos ha llegado la oportunidad de cambiar el reglamento del Centro de Acogida de Donostia y las condiciones de acceso y estancia.

Y es que, cada vez es más evidente, y los estudios y la encuesta de pobreza del Gobierno Vasco así lo confirman, que el número de personas sin hogar en las calles de la ciudad va en aumento. El propio gobierno municipal ha reconocido en varios informes el incremento progresivo del número de personas sin hogar en la ciudad. Y lo cierto es que los recursos municipales existentes son insuficientes.

El Gobierno Municipal (PNV - PSOE) ha puesto en marcha este proceso para introducir en el reglamento actual una serie de modificaciones que, a nuestro juicio, se quedan cortas. Recordemos que el Reglamento se ha mantenido inalterable desde 2004 y, desde EH Bildu, queremos aprovechar para adecuar este recurso social a las necesidades actuales. Creemos firmemente que son los recursos y servicios los que deben adaptarse a las personas y a las nuevas realidades, y no al revés.

A la vista de lo expuesto, hemos propuesto las siguientes enmiendas al Reglamento (que se someterán a votación en el Pleno de mayo):

• Este año se ha constatado por parte de los agentes sociales la demanda constante de apertura de recursos durante el invierno. La pandemia, por otra parte, nos ha enseñado que pueden existir diferentes realidades que requieren la adaptación de los recursos. Por ello, se propone que la Casa de Acogida pueda habilitar las instalaciones para acoger a las personas que pernocten en la calle, siempre que las condiciones meteorológicas, sociosanitarias o de otra índole se consideren necesarias. Así, la voluntad política será suficiente para abrir el recurso.

• Incluir entre las prestaciones ofertadas en el servicio de atención a las familias alojadas en el centro, las necesidades relacionadas con el proceso de escolarización de menores.

• La propuesta del Gobierno Municipal permite estancias de hasta tres noches en el centro y, posteriormente, la persona no puede volver a solicitar el recurso hasta pasados tres meses. Entendemos que esto no responde a las características actuales del fenómeno y proponemos que la duración máxima del servicio sea de cinco días. En este caso, si el solicitante solicitase la continuidad del servicio, la Comisión de Alojamiento valorará cada caso y contestaría por escrito. De esta forma se puede asegurar que cada solicitud de estancia será estudiada y eliminamos el límite de tres meses de espera sin servicio.

• Consideramos necesario que los servicios se organicen con el enfoque de género (existencia de vestuarios especiales, distribución de camas atendiendo al género o incorporación de necesidades higiénicas específicas de mujeres). Además, se pondrá especial atención en la prevención de la violencia machista.

• De acuerdo con lo regulado en las fichas 1.7 y 1.8 del Decreto 185/2015, de Servicios Sociales, garantizar el derecho de los y las usuarias del servicio de atención diurna y nocturna a que, mientras permanezcan en dicho recurso, puedan guardar sus equipajes en la consigna: si los usuarios al abandonar el servicio no llevasen los objetos depositados en la consigna, se les guardaría durante una semana y, si fuera posible, se les avisaría telefónicamente en un plazo de 24 horas. En caso de no responder, los objetos se considerarían abandonados y el Centro de Acogida podría utilizarlos como estime oportuno. Hasta ahora sólo se ofrece el servicio de consigna a los que duermen en el Centro y no se comunica telefónicamente el plazo de recepción en relación con los objetos abandonados.

• El Gobierno Municipal propone la creación de una Comisión Técnica de Alojamiento que gestione las estancias. Nuestra propuesta es que esta Comisión emita un informe trimestral sobre la situación de los recursos de atención diurna y nocturna, informando de ello al Consejo de Acción Social (donde están representadas organizaciones sociales y partidos políticos). Consideramos necesario hacer un ejercicio de transparencia y control.