AKTUALITATEA

| 2021-06-09

Maddalen Iriarte y Rebeka Ubera han anunciado que EH Bildu registrará mañana 72 enmiendas a la proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia presentada por PNV y PSE para subsanar sus déficits y carencias. El objetivo de la coalición, según han destacado, es doble: por un lado, incluir en la ley que aprobará el Parlamento medidas de apoyo a los sectores afectados por la pandemia; por otro, reforzar y estructurar el sistema de salud para que dé la mejor respuesta posible ante cualquier emergencia sanitaria.

En palabras de Iriarte, “queremos fortalecer y estructurar correctamente el sistema público de salud para garantizar que estará en condiciones de adelantarse y dar una respuesta rápida y adecuada en cada momento a eventuales situaciones de pandemia o emergencia sanitaria; en segundo lugar, partimos de la base de que la persona debe ser considerada en su totalidad y de que, por lo tanto, una emergencia sanitaria no se puede gestionar sólo desde un punto de vista puramente biológico, sino que hay que tener en cuenta necesariamente a la persona en su conjunto, sus derechos, su situación económica y su situación social”.

Es por eso por lo que, ha explicado la portavoz de EH Bildu, “nuestras enmiendas dedican todo un capítulo de la ley a concretar medidas de apoyo y protección para que, por ejemplo, no se repita otra vez lo que ha ocurrido en las residencias de mayores. Es fundamental que la ley dé seguridad vital a la gente. Lo hemos visto en esta pandemia: hay medidas que han sido necesarias para hacer frente a la emergencia sanitaria pero que han resultado perjudiciales para determinados sectores. El sector del trabajo autónomo, trabajadores y trabajadoras en regulación de empleo, micro-empresas, pymes… todos ellos son sectores que deben ser contemplados y tener el apoyo de la ley para garantizarles unos ingresos mínimos”. A tal fin, la coalición aboga por amoldar la Ley que regula la RGI de manera que, introduciendo pequeños cambios, permita atender como se debe a todos esos sectores.

Iriarte comparte la necesidad de “un paraguas legal, de una ley que nos proteja en situaciones de pandemia y emergencia sanitaria”, pero ha advertido de que “el paraguas que proponen PNV y PSE es muy pequeño, insuficiente para proteger a la ciudadanía ni ahora, ni ante eventuales emergencias futuras”, además de ser “un instrumento jurídicamente débil, tal y como han constatado los expertos que han comparecido en comisión” durante la tramitación.

A juicio de la portavoz de EH Bildu, “la ley antipandemia de PNV y PSE es una ley pensada en el estado de alarma y para el estado de alarma, pero, una vez finalizada la alarma, ha quedado superada de facto en buena medida. Han querido convertir el Plan Biziberri en ley, y como han abordado el tema desde ese punto de vista tan estrecho, no plantean medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, ni para reforzar los servicios públicos asistenciales y de salud pública”.

Por el contrario, ha criticado, “carácter punitivo tiene de sobra”, ya que en el articulado “el régimen sancionador tiene un peso excesivo, desproporcionado. Le dedican una quinta parte de la ley (9 de 43 artículos) y nosotras, en cambio, proponemos adelgazar ese capítulo, y en lugar de multas, apostamos más por la fórmula de los trabajos comunitarios”.

Desaparición del LABI político

Entre las enmiendas de EH Bildu se propone, asimismo, reforzar el LABI técnico, que sea totalmente independiente del Gobierno y, en esta línea, que desaparezca el LABI político. Según ha explicado Rebeka Ubera, “entre los miembros del equipo de seguimiento y vigilancia epidemiológica de Salud Pública se nombraría al director de nuevas enfermedades infecciosas y la pandemia, quien asumiría la dirección y coordinación del LABI técnico; no tiene sentido que el director de este órgano sea un cargo político”.

En este sentido, Ubera ha subrayado el carácter independiente que la ley dotaría al LABI. “Estaría integrado por personas técnicas expertas en múltiples áreas, sus decisiones serían públicas y la aplicación de las mismas quedaría en manos del Gobierno”.