AKTUALITATEA

| 2019-05-30 14:09:00

Iker Casanova ha defendido hoy en el Parlamento una proposición de ley que tenía como objetivo dificultar la deslocalización de empresas y proteger así el empleo y el tejido productivo vasco reforzando la responsabilidad y el compromiso de las empresas con el territorio. Sin embargo, PNV, PSE y PP han unido sus votos para impedir la tramitación de la iniciativa de EH Bildu, que contemplaba medidas para que las empresas se lo tengan que pensar dos veces antes de deslocalizar su actividad. Como punto principal, se proponía que, en caso de deslocalización, las compañías tuvieran que devolver las ayudas públicas recibidas durante los 10 años anteriores. En palabras de Casanova, “somos favorables a que se apoye el desarrollo empresarial, pero no queremos regalar dinero a las multinacionales si luego se van a marchar con el dinero calentito y sin haberse asentado de forma estable”.
El parlamentario de EH Bildu ha recordado que en Bizkaia existe desde 2007 una norma foral similar a la ley que él mismo ha defendido hoy, una norma que sigue en vigor y que ha servido, por ejemplo, para que la Diputación pudiera neutralizar la marcha de Siban. A juicio de Casanova, es claro que sería beneficioso extender esa fórmula legal a Araba y Gipuzkoa y justo eso era lo que pretendíamos con nuestra proposición de ley, pero PNV y PSE se han opuesto a algo que ellos mismos aprobaron en Bizkaia. La contradicción salta a la vista”.
PNV y PSE han argumentado que, de aprobarse la propuesta de EH Bildu, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa serían menos competitivas en el contexto europeo, pero Casanova ha desmontado su tesis. Primero, porque Bizkaia no es hoy menos competitiva que en 2007, cuando se aprobó la norma foral contra la deslocalizaciones; segundo, porque poner condiciones a las empresas para recibir ayudas públicas no va en contra de la competitividad, sino a favor de un modelo productivo basado en derechos.