AKTUALITATEA


| 2020-06-26 10:25:00

EH Bildu se ha acercado hoy al gasteiztarra barrio de Judimendi y no ha sido casualidad puesto que entre 2016 y 2018 el precio de alquiler en esa zona ha subido un 11% y la media es de casi 600 euros. En Gasteiz, a finales de 2019, se solicitaban 917 euros de alquiler por una vivienda libre, que en la serie histórica fue la más alta de la historia. Entre 2014 y 2019 se ha incrementado en un 25% el precio del alquiler.

Es evidente que en el ámbito de la vivienda, la falta de una política de vivienda en Gasteiz ha provocado un encarecimiento constante del precio de alquiler. Por ello, desde EH Bildu ven imprescindible aprobar una ley para regular y limitar el alquiler libre, con lo que hay que constituir un parque público. Pero no uno cualquiera: este parque debe ser un parque potente. Mientras, Vitalquiler ha vendido 500 pisos de protección oficial a un fondo de inversión sueco.

“Ante la privatización de las viviendas de protección oficial que aceptan Urkullu y Mendia, pondremos en marcha medidas para limitar el poder de este tipo de fondos, controlarlos y suavizar su impacto. Vamos a hacer una apuesta pública firme por la rehabilitación del parque de viviendas que tenemos envejecido. En la zona rural planteamos un programa de Alokabide rural y un programa de rehabilitación para las viviendas más antiguas”, ha explicado el cabeza de lista por Araba, Mikel Otero.

La situación es difícil para todos y todas, pero aún más difícil es para los y las jóvenes porque son ellas y ellos quienes sufren la precariedad en primera persona. “Por eso, el 12 de julio, la ciudadanía vasca tendrá que elegir entre dos opciones: la que nos condena a la precariedad y la que da seguridad y certezas a la mayoría de la población. Tomamos el compromiso de formar un gobierno que construya el pueblo que nos merecemos”, ha añadido Otero.

Para poner fin a la precariedad ciudadana, con especial atención a las más jóvenesy a las mujeres, EH Bildu plantea las siguientes medidas: el compromiso de crear 33.000 nuevos puestos de trabajo y mantener los 100.000 puestos de trabajo en riesgo, el compromiso de establecer un salario mínimo de 1.200 euros, el compromiso de no aplicar la reforma laboral, la semana laboral de 35 horas para repartirse el empleo.

“Tenemos ideas, tenemos un plan. Tenemos voluntad política para acabar con la precariedad. En definitiva, tenemos un plan para garantizar los derechos de la ciudadanía vasca” ha resumido.