AKTUALITATEA

| 2020-03-06 09:53:00

Este viernes, EH Bildu ha propuesto la aprobación de un decreto de concertación que homogeinice la atención y las condiciones laborales del sector del cuidado de las personas mayores.

Luis Maria Salgado ha denunciado que el 87% de las plazas privadas en residencias de Araba reciben, de una manera u otra, financiación pública sin apenas control. En ese sentido, Salgado ha lamentado que en el pleno del pasado miércoles el Diputado Foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, solo dejó dos temas claros al respecto: el primero, que el principal interés del gobierno PNV-PSE es que las empresas estén contentas y el segundo, que los ratios de las residencias públicas de Araba son un privilegio.

“Desde EH Bildu llevamos 9 años denunciando que el modelo alavés de concertación genera alavaeses y alavesas de primera, segunda e incluso de tercera. Entendemos que toda persona que cumple los requisitos para acceder a una plaza residencial tiene los mismos derechos: es decir, que sea derivada por la DFA a una residencia pública o concentrada”, ha señalado.

El procurador lo ha explicado con un ejemplo práctico. Imaginemos una residencia pública con 100 plazas y que para la atención de esas personas hay 15 trabajadoras: estos ratios, sobre papel, son los mismos para las concertadas. En cambio, una residencia privada, atendiendo a la normativa, podría atender a 100 personas con solo 10 trabajadoras. Pero como en Araba no se conciertan las residencias sino las plazas y además se limita al 50% el número de plazas máximas a concertar, daría que esa residencia de 100 plazas debería tener 7,5 plazas para las 50 plazas concertadas y otras 5 para las otras 50. Es decir, la persona que tuvo suerte de ir a una residencia pública tendrá 15 trabajadoras; quien tuvo la desgracia de ser derivada a una concertada, 12,5. Que decir de aquella persona que, aun cumpliendo los mismos requisitos que las anteriores, es despachada por la Diputación con un cheque servicio a una residencia privada: será atendida por 10 trabajadoras.

Un decreto posible

Para acabar con esta discriminación, Salgado ha propuesto que se apruebe un decreto regulador de la concertación que establezca las condiciones que ha de cumplir una residencia, en su totalidad, para poder optar a concertar con la Diputación. Un decreto que Gipuzkoa ya demostró que se puede aprobar.

“Este decreto, además de acabar con la discriminación, facilitaría la intervención de la Diputación para mejorar las condiciones laborales de un sector muy precarizado y feminizado. Además, gracias al decreto, si es una residencia completa la que se presenta a un concurso, la Diputación tendrá la potestad de exigir unas condiciones mínimas de horas de atención, seguridad u horas de trabajo, tal y como se regula en Gipuzkoa”, ha sentenciado.