Hoy se ha cerrado el plazo para que las víctimas de la violencia ejercida por el Estado español entre los años 1960 y 1978 puedan inscribirse y poder ser reconocidas y reparadas. Las personas inscritas han sido muchas menos que las previstas. “No se ha publicitado adecuadamente, el Estado español recurrió la ley. Todo ello ha tenido una incidencia negativa”, ha afirmado el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga y ha recordado que son cientos las víctimas que no se han inscrito. “A la vista de los medios que han puesto y los esfuerzos que han realizado para otros temas y víctimas, no lo podemos considerarlo como dejadez, sino como una clara voluntad de tratar de eliminar esta verdad de la historia y cerrar la puerta a la justicia y la reparación que merecen todas las víctimas”.

Arzuaga ha recordado que cuando se tramitó la ley 12/2016 EH Bildu afirmó en el Parlamento Vasco que a a pesar de que la ley suponía un avance fortalecía una categorización entre víctimas y que no otorgaba un reconocimiento digno a las víctimas de la violencia de Estado. Todo esto ha quedado en evidencia cuando ha finalizado el plazo para la inscripción de víctimas de las fuerzas policiales y parapoliciales ente los años 1960 y 1978 y que esas personas reciban reconocimiento y reparación. “Parece ser que ya ha terminado el trabajo de las instituciones públicas para la investigación y reparación de las vulneraciones de los derechos humanos producidas en los últimos años del franquismo. Se ha cerrado la ventanilla. No podemos dar esto por bueno. Queda mucho por hacer”, ha asegurado Arzuaga.

El parlamentario de EH Bildu ha destacado que a estas víctimas no se ha acompañado debidamente. Plazos estrictos, una tramitación difícil, poca atención cuando se han realizado consultas, el recurso interpuesto por el gobierno español y la inseguridad jurídica que ello ha generado... “Todo ello ha generado desconfianza a las víctimas que supuestamente hay que reparar y la Secretaría para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, la Dirección de Derechos Humanos y el Instituto Gogora no han hecho nada para aliviar esa inseguridad y solucionar la lejanía para con las víctimas”.