Las diputaciones han recurrido a la Comisión Arbitral para detener en el Parlamento la tramitación de la proposición de ley de EH Bildu. “Cuando se plantean medidas eficaces contra la corrupción al PNV le entra el vértigo y recurre a subterfugios como el de utilizar las diputaciones”.

EH Bildu ha acusado hoy al PNV de utilizar las diputaciones forales “como subterfugio” para impedir la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que el Parlamento tramita en la actualidad a propuesta de la coalición. Larraitz Ugarte ha explicado que las diputaciones han interpuesto sendos recursos en la Comisión Arbitral alegando invasión de competencias, recursos que pueden conllevar un procedimiento largo y tortuoso que seguramente impediría aprobar en esta legislatura la ley propuesta por EH Bildu para crear la citada Oficina. En opinión de la parlamentaria soberanista, los recursos de las diputaciones responden al “vértigo que le entra al PNV cuando se plantea investigar y llegar hasta el final en la lucha contra la corrupción”, algo que no tiene justificación cuando han salido a la luz numerosos casos (De Miguel, Osakidetza, Margüello, Karrantzako Minda…) que demuestran que “no vivimos en un oasis de limpieza y transparencia”.

En este sentido, Ugarte ha recordado que el Parlamento admitió en diciembre a trámite la proposición de ley para la creación de la Oficina Anticorrupción y que lo hizo con el dictamen favorable del Gobierno de Lakua y también con el voto a favor del PNV. Al respecto afirma que “hoy nadie puede decir que está en contra de que se investigue la corrupción, pero en cuanto damos pasos reales y eficaces para luchar contra el fraude y la corrupción a algunos les entra el vértigo y recurren al subterfugio de utilizar las diputaciones para retrasar y suspender la tramitación de esa ley”.

A pesar de ello, EH Bildu insistirá en que la ley siga tramitándose con normalidad y a tal fin buscará el apoyo de los grupos parlamentarios para solicitar a la Comisión Arbitral que no suspenda la tramitación, tal y como permite el Reglamento de la Cámara. No sería fácil de entender que los mismos grupos que votaron a favor de tramitar la ley ahora quieran paralizarla. Ugarte ha subrayado que con la Oficina Anticorrupción, “por un lado, toda la ciudadanía saldría ganando, porque dispondría de medidas eficaces y garantías de que la gestión de las administraciones públicas se hace sin rastro de corrupción y, por otro, las instituciones ganarían credibibilidad y todas viviríamos en una sociedad más sana y saludable”.

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