Josu Estarrona recuerda que los abogados de Lakua y de la Diputación de Bizkaia han confirmado la existencia de redes clientelares, una acusación que no casa con la tibia actuación institucional contra esas prácticas.

A juicio de EH Bildu, las peticiones de pena y conclusiones definitivas de los letrados que representan al Gobierno de Lakua y la Diputación de Bizkaia en el caso De Miguel han puesto de manifiesto que en las instituciones no ha habido verdadera voluntad de hacer frente a la corrupción y de acabar con ella.

Aprovechando que la corrupción ha sido hoy objeto de debate en el Parlamento, Josu Estarrona ha recordado que la representación legal de Lakua en el caso De Miguel ha confirmado la existencia de redes clientelares en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y ha acusado a dirigentes políticos que valiéndose de sus cargos, entonces, en el PNV de formar parte de una trama para la malversación de fondos públicos. En definitiva, “los partidos con responsabilidad de gobierno en las instituciones que más contratos y licitaciones realizan, el PNV y el PSE, están admitiendo que en este país operan redes clientelares”.

El parlamentario de EH Bildu ha subrayado asimismo que “el caso De Miguel partió de una acusación particular, no fue fruto de una labor de control de las administraciones o instituciones, porque no hay ni ha habido hasta la fecha voluntad política suficiente ni una actitud firme y contundente para acabar con las prácticas corruptas”.

En opinión de Estarrona, la necesidad de higiene democrática es más que evidente, motivo por el que ha reiterado el compromiso de EH Bildu contra la corrupción. “Vamos a continuar trayendo propuestas efectivas que recojan medidas y contemplen recursos, vamos a seguir trabajando a favor de una regeneración democrática” con medidas tales como la creación de una fiscalía anticorrupción y también de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, ambas ya en trámite en el Parlamento.

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